La no abogada y titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, sigue dejando tela para cortar producto de todas las irregularidades que rodean el ejercicio de su cargo y la manifiesta falta de imparcialidad en lo que hace a la investigación de ilícitos por parte del gobierno del cual se declaró militante.
Así lo entendió el abogado defensor del financista Federico Elaskar, quien solicitó correr a la Oficina Anticorrupción de su rol de querellante en la juicio por supuesto lavado de dinero. El pedido de Ubeira se sostiene sobre declaraciones de la polémica funcionaria macrista que en reiteradas oportunidades manifestó públicamente estar «enamorada» del presidente Mauricio Macri.
Ubeira pidió este miércoles 25 de septiembre apartar a Laura Alonso de su rol de querellante en el marco del juicio por maniobras de lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita». Federico Elaskar acusó a Jorge Lanata y Luis Barrionuevo de «llenarle la cabeza» para perjudicar a Cristina Kirchner.
El letrado hizo el reclamo en la audiencia ante el Tribunal Oral Federal y aclaró: «Es un pedido no para la Oficina Anticorrupción como institución, sino a la persona de Laura Alonso que aparece como querellante». «La figura como titular de Laura Alonso no reúne los mínimos requisitos para representar a la OA en este debate», explicó el abogado, quien recordó que ella «públicamente se manifestó enamorada del Presidente de la República».
«Más allá de la simpatía que a uno le genera que la gente se enamore de una persona que está en el ejercicio de control del Gobierno actual no puede tener una manifestación pública en la que se refiera a su jefe en estos términos», remarcó Ubeira.
El pedido ahora deberá ser resuelto por el Tribunal, que decidió correr vista a las partes para saber qué opinan, consignó la agencia Noticias Argentinas.
En los últimos días, la OA recibió otro revés judicial del juez Enrique Lavié Pico quien condenó al organismo dirigido por Alonso a entregar en un plazo de 15 días toda la información sobre denuncias a funcionarios del Ejecutivo en funciones desde 2015 que desde hace un año le exige la Auditoría General de la Nación
