El fiscal Jorge Di Lello ordenó suspender los pagos de bonos clandestinos a personas desocupadas tras sospechar que se trataba de una maniobra de clientelismo político.
La Justicia abrió una causa que quedó en manos de la jueza María Servini para investigar al Gobierno nacional por la presunta infracción al código electoral con la implementación de un plan clandestino de subsidios a desocupados a cargo de punteros del oficialismo. Además, emplazó al Ministerio de Producción y Trabajo para informar esta semana sobre la resolución oculta que dio origen al programa de pagos y sus antecedentes. El expediente se basa en la investigación que realizó Ámbito Financiero por presunta compra de votos y desde ayer se sumó una denuncia presentada por los apoderados del Frente de Todos con la misma pesquisa como eje.
Las intenciones del gobierno se conocieron la semana pasada cuando trascendió una resolución de la Secretaría de Empleo, firmada el 3 de octubre por el jefe del área, Fernando Prémoli que destinaba 650 millones de pesos para el pago de un subsidio oculto de $5.000 a más de 100 mil desocupados y sólo canalizado a través de municipios y dirigentes locales afines. Nada de esto se publicó hasta ayer en el Boletín Oficial, por lo cual inmediatamente se sospechó de un acto de corrupción del macrismo. El hecho que se concedieran estos «bonos» en condiciones de tamaña irregularidad a poco de las elecciones parece configurar una clara maniobra de clientelismo.
La resolución 1177 de la Secretaría de Empleo que encabeza Dante Sica consagró la creación del “Subsidio Extraordinario Situación de Desempleo” de $ 5.000 por única vez para desocupados “mayores de 18 años” con DNI, CUIL y que no percibieran otros ingresos vía prestaciones sociales o previsionales. Y fijó el 8 de noviembre como fecha tope para el cobro.
En paralelo a la investigación que lleva adelante la justicia, hoy se blanqueó en el BORA el rebalanceo presupuestario que da origen a esta partida de 650 millones de pesos para el pago irregular de 114 mil subsidios gestionado por punteros políticos.
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