El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó hoy que el congelamiento de las combustibles por 90 días «es una decisión tomada» y precisó que se «está definiendo» por estas horas el «instrumento legal» para consumarlo.

«El congelamiento del precio de las naftas se va a cumplir y se está tratando de instrumentar la forma en la cual eso se lleve adelante. No hay ninguna posibilidad de que esto no se lleve a cabo», aseguró Frigerio al término de la rueda de prensa en el Salón de los Pueblos Originarios

Rogelio Frigerio, Ministro del Interior

Ante la consulta de periodistas acreditados de Casa Rosada, el ministro evitó confirmar si el Gobierno aplicará o no la Ley de Abastecimiento para concretarlo y pidió «llevarle tranquilidad a la gente» porque «es una decisión que tomó el Presidente y se va a cumplir».

El anuncio de Macri de ayer provocó enojo en le sector, sobre todo las empresas productoras, las «no integradas», o sea las que extraen petróleo y no tiene venta al publico, como YPF y PAE. Se trata de Tecpetrol (Techint), Vista, Pluspetrol, Shell y otras.

El Gobierno avanzará con la medida mediante una resolución que será publicada mañana en el Boletín Oficial, tras frustrarse un encuentro con las empresas petroleras para buscar consenso sobre el tema.

Fuentes oficiales informaron que la medida apelará a los instrumentos que ofrece la Ley de Abastecimiento, que entre sus alcances habilita al Poder Ejecutivo a fijar precios, dictar normas que rijan la comercialización e incluso obligar a la producción de determinados productos.

Según se pudo saber, circuló el borrador de una carta, que no fue enviada aún, donde las empresas piden no aplicar la ley de Abastecimiento porque redundará «en una caída de la actividad y revisión de los planes de inversión ya comprometidos» y se avisa que podrían tomar medidas legales si se aumenta de esa manera. Ahora que la decisión ya fue tomada, desde una de las empresas aclaran que «la resolución afecta al negocio y a la industria, pero que en definitiva no habrá presentaciones administrativas o judiciales porque se entiende la situación económica de los argentinos».

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