No debería sorprender a esta altura el manejo del gobierno de Mauricio Macri de los recursos propios ni las especulaciones con los beneficios que le dejó la famosa «pesada herencia.
El gobierno de Mauricio Macri gastó más de 600 millones de pesos para custodiar unas 11 mil viviendas vacías y terminadas para entregarlas durante el año electoral. Todas las construcciones fueron iniciadas durante el gobierno anterior.
El Estado le pagó a la empresa de seguridad privada Prosegur (aportante de la campaña del macrismo) $ 607.335.070 en total por la custodia de los desarrollos urbanísticos que quedaron listos –o con un porcentaje alto de terminación– pero no entregados.
Los pagos se llevaron a cabo a través del Banco Hipotecario en su carácter de fiduciario del Fideicomiso del Procrear, y fueron dispuestos para garantizar la seguridad de los desarrollos urbanísticos.
Si bien los sorteos y adjudicaciones se aceleraron a partir de octubre del año pasado, los pocos beneficiarios que las recibieron se quejan porque muchas se encuentran deterioradas por el paso del tiempo sin uso.
A principios de este año, de las más de 23.400 viviendas proyectadas en el programa original, el Plan del Bicentenario (2012), se habían entregado poco más de 8000, aún faltaba terminar de construir alrededor de 4000 y quedaban por entregar, a pesar de que estaban terminadas, unas 11 mil.
Alejandro Sparacino, coordinador operativo del Procrear, confirmó que son 11 mil las viviendas sin entregar y aseguró que se «pondrán a disposición para su adjudicación».
Asimismo, adelantó que la mayoría de las residencias que se sortearán son del complejo Estación Buenos Aires, ubicado atrás de la cancha de Huracán, el barrio Liceo de Córdoba capital y las del complejo de la ciudad de San Rafael de Mendoza.
La ralentización de las entregas se produjo por falta de avance en la construcción de los edificios que integran los desarrollos urbanísticos, pero también por el abandono de obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento de los barrios. Otro de los factores provino de los propios beneficiarios, quienes se dieron de baja tras el cambio de condiciones de adjudicación.
