El relator especial sobre el derecho a la privacidad de la Organización de las Naciones Unidas, Joseph Cannataci, le entregó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la nación un duro informe sobre el uso y los fines para los que se emplea el sistema de escuchas ilegales en la Argentina.
Cannataci evaluó las recientes reformas al sistema de escuchas, los mecanismos para prevenir las violaciones del derecho a la privacidad y recogió las preocupaciones expresadas por las organizaciones de la sociedad civil y los especialistas en el tema.
Tras destacar que sólo en 2018 hubo 41 mil pinchaduras telefónicas, el informe agrega una serie de “vulnerabilidades inherentes” derivadas del uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todo tipo de delitos; “la debilidad de los controles sobre el acceso al contenido de las interceptaciones”, y “la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”.
El relator de la ONU fue crítico también respecto de la Comisión Bicameral de Inteligencia, a la que la Corte Suprema también había encomendado analizar el sistema de escuchas vigente.
Según el experto, la Comisión “no utiliza al máximo su capacidad jurídica ni posee los recursos para auditar a fondo el desarrollo de casos concretos, y tampoco tiene pleno acceso al contenido de cada expediente”, por lo que recomendó la creación de un “nuevo órgano independiente con personal dedicado a tiempo completo”.
