La Cámara Federal porteña revocó este lunes el procesamiento y dispuso la «falta de mérito» del CEO de Techint, Paolo Rocca, en la causa conocida como «Fotocopias de los cuadernos», al tiempo que reprendió al juez de primera instancia, Claudio Bonadio, por hacer «caso omiso a exhortaciones» de ese tribunal de alzada, informaron fuentes judiciales.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I del tribunal de apelaciones, encomendaron también al juez federal Bonadio «la inmediata elevación a juicio de los tramos ya concluidos y a resolver las cuestiones pendientes», según consta en el fallo al que accedieron medios de prensa.

En la misma resolución, los camaristas confirmaron las prisiones preventivas del ex ministro de Planificación Julio de Vido y de su segundo, Roberto Baratta, y ordenó liberar al secretario del ex viceministro, Nelson Lazarte.

Otra de las decisiones adoptadas por el tribunal fue el cambio de calificación del delito atribuido al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina: lo sacó de la asociación ilícita y le atribuyó cohecho pasivo (recepción de sobornos), que tiene una pena menor.

En paralelo, confirmó los procesamientos de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz y del resto de los acusados por maniobras de lavado de dinero.

El tribunal también ratificó el procesamiento de Isidro Bounine, ex secretario de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández, pero le revocó la prisión preventiva, informaron las fuentes judiciales.

Los camaristas mantuvieron la situación procesal de los involucrados en las supuestas maniobras de lavado de dinero, a las que describieron como una fase posterior a la recolección del dinero ilegal descripta en la causa.

El tramo del lavado «se inicia en un momento posterior a que aquel dinero hubiera sido recogido y entregado a los estratos jerárquicos de la organización. Y por ende, los hechos escapaban ya a la posibilidad de que fueran asentados en las anotaciones que registraron la primera parte de la historia», remarcaron.

En cuanto a la resolución sobre Rocca, los jueces Bruglia y Bertuzzi le dictaron la «falta de mérito» (ausencia de pruebas para sobreseer o mantener el procesamiento, aunque continúa la investigación), y contradijeron la afirmación de Bonadio, que cuando procesó al empresario dijo que por «el cargo que ostentaba no podía desconocer la existencia de los pagos efectuados por el grupo económico al cual pertenecía» a funcionarios argentinos.

«La responsabilidad de Rocca, cimentada fundamentalmente en su posicionamiento jerárquico dentro del holding, carece del sustento necesario y suficiente para vincularlo a este proceso», sostuvieron los camaristas.

También quedó en el camino el pedido de prisión preventiva que habían formulado los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli y que no había sido sostenido por el fiscal de Cámara Germán Moldes.

El edificio donde están las oficinas del grupo Techint aparecía en los cuadernos del arrepentido chofer del Ministerio de Planificación Fedral Oscar Centeno como uno de los sitios en los cuales se realizaron entregas ilegales de dinero.

En el marco de la causa, Bonadio dispuso primero la detención del ex ejecutivo de Techint Héctor Zabaleta, quien fue liberado tras aportar información. Luego indagó y procesó al director de la compañía Luis Betnaza.

Esos pagos estuvieron relacionados con la expropiación de la empresa Sidor, del Grupo Techint, en Venezuela, por parte del gobierno de Hugo Chávez.

Bruglia y Bertuzzi también resaltaron que «resulta indispensable proceder cuanto antes a la elevación a juicio oral de la totalidad de las etapas/tramos que ya se encuentran concluidas en estas instancias, sin perjuicio de continuar con las investigaciones instruidas en los otros legajos».

Hacia el final del fallo, los camaristas llamaron la atención a Bonadio: «Advertimos también que el a quo ha hecho caso omiso a exhortaciones de este tribunal en cuanto a atender determinadas situaciones procesales».

En ese sentido, le recordaron algunas cuestiones pendientes, como «el pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa de Máximo Kirchner» -diputado nacional e hijo de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández- y el llamado a «profundizar las líneas de investigación relacionadas con diversas firmas, cuyos representantes aún no han sido convocados, tales como Perales Aguiar SA, Cartellone SA, Juan Carlos Relats SA o el grupo Eskenazi».

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