Alfredo Luenzo, senador nacional por el bloque Argentina Federal

El senador nacional por Chubut, Alfredo González Luenzo, junto con otros senadores del interbloque Argentina Federal, presentaron un proyecto por el cual se declara “la emergencia fiscal” de la micro, pequeña y mediana empresa por 180 días corridos a partir de la sanción. Será ingresado al Congreso a comienzos de marzo.

La iniciativa busca dejar sin efecto la Resolución 50/19 del Ministerio de Hacienda con la que se incrementaron las tasas de los intereses resarcitorios y punitorios en un 50% y que generó el reclamo del sector productivo de todo el país por la recesión económica.

Según explicó Luenzo, “las Pymes están en una situación crítica y por ello desde el Senado se está tomando la decisión de rechazar y dejar sin efecto esta resolución del Gobierno nacional, que pone en riesgo la continuidad de muchas Pymes del país”.

Asimismo, el senador pidió al gobierno que intervenga ante las tasas que el sistema bancario está cobrando a los argentinos y que además revea el costo de la energía para la producción.

Al conocerse la Resolución que busca dejar sin efecto este proyecto, Eduardo Fernández, presidente de APYME recordó que la entidad viene pidiendo insistentemente a la AFIP que aplique racionalidad en los planes fiscales. “Esta elevación de las tasas punitivas, sea por mora o por cualquier otro tipo de aplicación, ocasiona una bola de nieve que se hace imposible de afrontar. Si no puedo pagar este mes, difícilmente pueda hacerlo el mes que viene, con el acumulado de deuda anterior”, había explicado el dirigente y dio por tierra con los argumentos que explicaban esta nueva afrenta contra los contribuyentes.

Eduardo Fernández, presidente de APYME

Ademas, detallo que el fisco aplica un sistema de scoring, que implica el nivel de riesgo del contribuyente. “Si uno se atrasa en el pago de impuestos, le bajan la calificación y lo consideran más riesgoso. Así, entonces le dan menos cuotas y le cobran más caro. Es una irracionalidad superlativa”, se quejó Fernández.

Tan profunda es la crisis que AFIP reconoce un registro de 100.000 millones del stock de deuda a diciembre de 2018 (más del 120% de crecimiento respecto del año anterior, que había sido de 44.000 millones). Esto evidencia el grado de imposibilidad de cumplimiento de los vencimientos fiscales y previsionales  por parte de las Pymes ante la caída de la actividad y una ruptura notoria de la cadena de pagos,  fruto de las políticas restrictivas del Gobierno, y no con la supuesta “falta de competividad” empresaria, tal como expresan algunos sectores del Gobierno.

“Lo cierto es que en medio de datos negativos en actividades de la Industria, comercio y construcción, 2019 es el año de mayor presión fiscal de los últimos 20 años. Se restringen los planes de regularización por parte de AFIP, se financia menos y más caro a las empresas en dificultades. Y ahora se encarecen los intereses resarcitorios y punitorios bajo una lógica de mercado financiero”, amplió Eduardo Fernández. 

“Es decir el Estado en esta administración, pone un precio altísimo al crédito absorbiendo la liquidez y consolida un sistema financiero de carácter especulativo, desfinanciando el consumo y la producción. 
Y ahora se nos dice que las pymes nos financiamos barato con impuestos que no podemos pagar, lógica perversa que tiene un solo resultado, más destrucción de fuentes y puestos de trabajo”.

Finalmente, el dirigente había dicho que todo esta iniciativa se enmarcaba en “una cadena perversa de ausencia de consumo, financiación y apriete fiscal, el único fin claro es la desaparición de miles de pymes”

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