Luiz Inazio Lula Da Silva fue condenado nuevamente a prisión por la jueza Gabriela Hardt, reemplazante de Sergio Moro en la causa Lava Jato, luego que este pasara al ministerio de Justicia de Jair Bolsonaro, quien iba segundo hasta la condena del candidato del PT.

Hardt responsabilizó a Lula de los delitos de corrupción y lavado de dinero y le dictó una pena de 12 años y 11 meses, que se agrega a la que dictó Moro -y aumentaron los jueces del Tribunal Regional Federal N°4- y por la que está detenido ahora.

Pero la condición de detenido del ex presidente brasileño podría cambiar en los próximos meses: los jueces del Tribunal Supremo en abril votarán sobre la continuidad de la prisión para quienes tengan condena en segunda instancia y posibilidad de apelación.

Tanto el caso del departamento en Guaruja -por el que está detenido desde abril- y el de hoy son casos recurribles. Incluso la condena de Hardt es en primera instancia, por lo que si el dirigente hubiera estado en libertad y apelaba, no lo habrían detenido.

En diciembre del año pasado, el juez del TSF Marco Aurelio, dictó una resolución para que todos los detenidos con sentencias en segunda instancia apelables sean liberados. Así se generó cierta ilusión alrededor de la liberación de Lula, que se apagó rápidamente con el rechazo del presidente de la Corte, Antonio Dias Tóffoli.

Esa discusión volverá a suceder en abril, aunque las esperanzas no son muchas: un año atrás, los mismos jueces por 6 votos a 5 dictaron la suerte final de Lula y Brasil, allanando la llegada de Bolsonaro al poder.

Es el actual gobierno, a través de Moro quien quiere institucionalizar por ley que todas las personas condenadas en segunda instancia comiencen a cumplir su condena inmediatamente: ¿Una ley Lula?

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