Una medida cautelar presentada por la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA) consiguió una vez más suspender la ejecución de una deuda impositiva del grupo empresarial de medios La Nación.

El medio digital Palabras del Derecho recordó que la empresa litiga con la AFIP por una deuda en concepto de IVA y de Ganancia Mínima Presunta y que involucra diversos períodos incluyendo los años 2002 y 2003.

La empresa –describe la fuente- “incluida en el Registro de beneficiarios de los Convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo, obtuvo beneficios que le permitía computar las contribuciones patronales como crédito fiscal para el IVA, siempre que cumplan con una serie de requisitos”.

La compañía incurrió en la suba del precio del diario en períodos previos a los autorizados, con lo cual incumplió la obligación que le imponía la normativa. Como consecuencia la AFIP entendió la caducidad del convenio con carácter definitivo y la empresa perdió los beneficios conseguidos.

En 2018, quince años después del inicio del problema, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 rechazó la prórroga de la cautelar que suspende la posibilidad de la ejecución de la deuda impositiva, decisión que mantuvo la segunda instancia.

El 26 de noviembre de 2018, AEDBA solicitó una nueva medida cautelar (que todavía no se resolvió). El 2 de mayo pasado la AFIP dictó a dos resoluciones por medio de las que determinó de oficio el débito y el crédito fiscal del IVA y el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta de los períodos fiscales en debate, e intimó a su pago.

“Esos hechos nuevos son los que llevaron a la solicitud de una medida cautelar interina, que fue otorgada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, que dispone la suspensión de los actos administrativos de determinación de deuda efectuadas por el organismo recaudador y toda actividad tendiente a ejecutar las sumas en cuestión, hasta tanto no se agregue el informe establecido la Ley 26.854, o se venza el plazo para hacerlo”.

La Jueza Rita María Ailán consideró que si se ejecutara el cobro se pondría en riesgo el normal funcionamiento de las empresas involucradas “configurándose así el requisito de peligro en la demora que justifica el otorgamiento de la precautelar”.

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