La conmoción que provocó el mega decreto de necesidad y urgencia de Macri que deroga de un plumazo 19 leyes y modifica otras 140 fue demasiado fuerte como para no tomar conciencia de sus alcances.
Ese cimbronazo sacudió a los bloques opositores que como pocas veces lograron ponerse de acuerdo para sumar sus esfuerzos en el rechazo del adefesio gubernamental del macrismo y se aprestan a impulsar su derogación cuando comiencen en marzo las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.
A las críticas que ya expresaron los legisladores del Frente para la Victoria (FpV-PJ) y los diputados del “dialoguista” Bloque Justicialista, se sumó la presentación judicial de los diputados massistas del Frente Renovador para que el DNU 27 de 2018 sea declarado inconstitucional.
Además, Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque de senadores del justicialismo –bancada clave para cualquier votación en la Cámara alta- lo calificó de “abusivo” y aunque varios sectores de la oposición hoy transitan la vía judicial por el rechazo, afirman que si la Justicia no se pronuncia contra el DNU irán por su derogación cuando el Congreso retome la actividad legislativa en marzo.
La oposición sustenta su rechazo en que “no existió ni necesidad y urgencia” para redactar un decreto que anula 19 leyes y modifica sustancialmente otras 140 durante el receso legislativo y para el que, incluso, podría haber convocado a sesiones extraordinarias.
También afirma que la norma modifica cuestiones penales y tributarias que son facultad exclusiva del Congreso, dado que son materias que la Constitución excluye expresamente de los decretos.
