Carlos Heller, diputado Nacional mandato cumplido.

Con la ilusión de motorizar las inversiones, el Gobierno está empeñado en reducir la denominada “presión” tributaria. La reforma fiscal, al igual que la de las jubilaciones, o la del mercado de capitales, para mencionar algunas, es parte de un interminable número de medidas estructurales que piden los mercados, los cuales, tal como indica la historia, nunca terminan de conformarse. Es una apuesta a todas luces inviable. Intentar cumplir con esta clase de pedidos, tal como trata de hacer el Gobierno argentino, no refleja en sí mismo un acto de mala praxis, sino una clara decisión política respecto de qué sectores e intereses se quiere priorizar.

La OCDE ha valorado públicamente los esfuerzos de las autoridades locales. En un informe que presentó en el G-20 mencionó la “completa reforma fiscal” que logró implementar el Gobierno, que entre otros temas incluye la reducción de los aportes patronales. Así, se eliminan los regímenes especiales creados para las PyMEs, que deberán aumentar sus contribuciones mientras que las grandes empresas verán sus alícuotas reducidas. Este cambio se justifica en lograr que grandes y chicas compitan en condiciones de igualdad, y pagar ambas el 19,5%. La metáfora del tiburón que se come a las sardinas no pierde vigencia en las movidas aguas del “libre” mercado, dejando expuestas en este caso a las empresas de menor tamaño.

Con esta medida, una de las preocupaciones gira en torno a los fondos para la ANSES, ya que en 2018, según el propio Marcos Peña (El Cronista, 03/04/18), se perderían recursos por 0,26% del PIB. En 2022 la merma llegaría a 1,16% del PIB. Ante la pregunta de cómo llenar el vacío, además de ponderar el cambio de la fórmula de movilidad, el jefe de Gabinete afirmó: “en los próximos meses comenzará a funcionar el Consejo de Sustentabilidad Previsional (…)”. Un muy probable anticipo para una privatización del sistema de reparto, uno de los pedidos que ya han acercado organismos como el Fondo Monetario Internacional.

Según el Gobierno, se busca reducir así el trabajo informal, evitando indicar que es una reforma impositiva con aire a flexibilización laboral, es decir, destinada a engrosar la ganancia empresarial. En este caso, quienes pierden son los trabajadores.

Más allá de las recomendaciones, en un estudio de julio de 2017 la OCDE había presentado información que si se la observa con detenimiento contribuye a desterrar algunos mitos de las finanzas públicas argentinas. Es el caso de un gráfico comparativo donde se muestra que Argentina está algo por debajo de la media de la OCDE en gasto público como porcentaje del PIB y que el mayor déficit fiscal obedece a un menor nivel de ingresos públicos. Es decir, que para mejorar la cuestión fiscal habría que aumentar los ingresos, y no bajar el gasto. En otro gráfico también se deja ver que hay un gran espacio (en la comparación internacional) para reducir la desigualdad mediante la política impositiva y las transferencias. Otra asignatura que reprueba Cambiemos.

Mientras el Gobierno aboga por reducir la presión fiscal, avanza en el intento de disminuir el déficit primario, el indicador que miran los inversores globales. Pero esta fórmula concentra todo el esfuerzo de esa reducción del déficit fiscal en el ajuste del gasto público, principalmente sobre los servicios sociales que implican el 65% del gasto total. Queda claro entonces cómo funciona el discurso, cuáles son los sectores que deben pagar la cuenta del ajuste del gasto y qué sectores concentrados se benefician de la reducción de los ingresos públicos. La pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, y la eliminación de retenciones a las exportaciones (más la reducción de las aplicadas a la soja y sus subproductos), son los ejemplos más claros de los inequitativos efectos del manejo de las arcas públicas por parte del Gobierno macrista.

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