El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que se pospone por tiempo indeterminado una de las dosis de la vacuna contra la meningitis: «Se acordó priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria». Los laboratorios aseveraron que hay stock suficiente para completar el calendario de vacunación.
Este es uno de los resultados más dramáticos del ajuste. La vacuna es importada, y con los aumentos del tipo de cambio, el presupuesto queda corto: no cuadra con los números de la planilla Excel del Ministerio de Salud.
Las provincias también están recibiendo el ajuste. Tendrán que soportar los impactos directos sobre sus cuentas: la eliminación del Fondo Federal Solidario por unos $ 26.500 millones (medida que el presidente Macri justificó, argumentando que «también los intendentes tienen que hacer un esfuerzo») y la supresión de subsidios al transporte por $ 45 mil millones (que puede implicar aumento de los boletos, con costo también para la ciudadanía). Los funcionarios nacionales dicen, entusiasmados, que con estas medidas ya están resueltos más de dos tercios del ajuste planificado de $ 100 mil millones para las provincias.
Pero para las provincias es un verdadero agujero en sus finanzas. Las soluciones que algunos gobernadores y funcionarios nacionales intentan buscar son preocupantes. Una de las que más se menciona es el otorgamiento de un préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) por unos $ 25 mil millones: una mala opción porque implica reemplazar recursos genuinos por endeudamiento, y porque podría desfinanciar al FGS ante una eventual dificultad de pago de las provincias.
Otra de las alternativas es aumentar la base imponible de algunos impuestos, esencialmente ganancias y bienes personales. En este paquete está la idea de eliminar la exención en el Impuesto a las Ganancias para cooperativas y mutuales. No sólo sería un volumen reducido de recaudación (del cual las provincias recibirán sólo la parte de la Coparticipación Federal) sino que sería consolidar un despropósito: las cooperativas y demás entidades sin fines de lucro no tienen ganancias. También hay, como mínimo, desconocimiento: el gobernador Juan Manuel Urtubey propuso que «paguen los sectores que hoy no pagan», pero las cooperativas están sujetas a un tributo específico para ellas, sobre su capital, además de tributar IVA e ingresos brutos, entre otros. Otra eventual decisión que sería injusta.
Estos temas se trataron en una reunión de ministros nacionales con 18 ministros de Economía de las provincias. El objetivo fue, según los medios, avanzar en un acuerdo para aprobar el Presupuesto 2019, intentando condicionar la voluntad de los legisladores, lo cual indica una gran debilidad en el respeto a las instituciones de la República.
Es a través del Presupuesto 2019 que se tiene que concretar el ajuste, es la base del acuerdo con el FMI, esos $ 300 mil millones que probablemente terminen siendo más, ya que la meta es un déficit fiscal primario del 1,3 por ciento del PBI en el escenario base (optimista). En el escenario adverso, el FMI exigiría más esfuerzo: un déficit de sólo el 0,9 por ciento del PBI.
De esta forma, el ajuste sigue avanzando sobre las necesidades elementales de la población, tanto a partir de los recortes de los ministerios nacionales, como los que deberán implementar las provincias y municipalidades. La profundización del ajuste puede llevarnos a terminar como Grecia, con una gran suba de la deuda pública, de la pobreza, del desempleo: todos estos problemas para llegar a tener un superávit fiscal que alcance para pagar la totalidad de intereses de la deuda que vencen y dejar de endeudarse. Lograr estos resultados fiscales en el caso argentino significaría pasar de un déficit del 1,3 por ciento del PBI (pautado con el Fondo para 2019) a un superávit de cerca del 3,5 por ciento (el peso que alcanzarían los intereses) en un futuro cercano. Este paso implicaría un ajustazo adicional a futuro de 4,8 puntos del PBI.
Números en rojo
Los distintos datos económicos que se conocieron en la semana son una colección de malas noticias, tanto desde lo productivo como desde lo financiero.
La caída interanual del 6,7 por ciento en el Indicador de Actividad Económica (EMAE) de junio es más que significativa, y completa tres meses seguidos de merma. Si bien en el mes de mayo el Indec asoció la totalidad de la caída (5,2 por ciento) al sector agropecuario, en julio este es responsable de la mitad de la caída: contribuyen, además, el sector industrial con una reducción del 7,5 por ciento, el comercio mayorista y minorista con una baja del 8,4 por ciento, y transporte y comunicaciones con una caída del 6,1 por ciento. Es decir, la recesión está afectando, cada nuevo mes, a más sectores. La construcción, por su parte, está frenada.
Este nivel de actividad de julio 2018, en términos desestacionalizados (que nos permite comparar meses entre sí), se ubicó un 2,5 por ciento debajo del nivel de noviembre de 2015.
Las cifras del comercio exterior no brindan mejor perspectiva. Luego de una reducción del déficit en junio de este año, en julio volvió a recrudecer, y se ubicó en los U$S 789 millones, algo superior al del mismo mes del año anterior. Si tomamos el acumulado de los siete primeros meses, se llega este año a los U$S 5867 millones, mucho más alto que igual período del año anterior (U$S 3363 millones).
Las tensiones cambiarias no son una novedad, y los datos lo confirman mes a mes. Entre las operaciones financieras que generan egresos de divisas, una de las principales es la «formación de activos externos del sector privado no financiero», más conocida como «fuga de capitales» y que, en su mayoría, muestra las compras netas de dólares de los residentes. En los siete meses del año, este rubro evidenció un rojo de U$S 20.027 millones, y duplicó la salida de igual período de 2017.
Julio es el tercer mes en que las inversiones de cartera arrojan saldos negativos importantes en términos netos (entradas menos salidas), que en el trimestre muestran una salida neta de capitales adicional de U$S 3276 millones.
Después del día que ingresó el primer desembolso del FMI (U$S 14.916 millones) las reservas internacionales se redujeron en U$S 8243 millones (saldos al 21 de agosto), debido a las ventas de divisas de la autoridad monetaria, las ventas de dólares del Tesoro acordadas con el FMI y el pago de deuda pública externa, entre otros.
Los datos que tienen un directo impacto social son más alarmantes aún. La canasta para medir la línea de pobreza aumentó en julio un 34 por ciento interanual. Habría que preguntarse: ¿qué trabajadores han tenido una mejora salarial del 34 por ciento? Puede pensarse, entonces, que debe estar aumentando la cantidad de pobres de manera significativa, y eso nos lleva a la posverdad de los dichos del presidente, acerca de que va a eliminar la pobreza en el futuro. Con este modelo, imposible.
Digámoslo con todas las letras: hay remedio para la crisis que gestó este gobierno. Es otro proyecto, un modelo diferente, que cambie los ejes de esta política. No se trata de errores de tal o cual funcionario más o menos hábil. Es entender que la inserción pasiva en el mundo globalizado, la apertura de las importaciones, la reducción del mercado interno como producto de la caída del nivel de ingresos de los trabajadores, la competencia de los productos importados con las producciones nacionales, la destrucción de los institutos de Ciencia y Tecnología, del sistema educativo público, no son políticas inevitables como quieren hacernos creer. «
