En su edición de hoy el diario Página12 recorre una de las tramas secretas más complejas de los últimos meses, la cocina del fallo que habilitó la posibilidad de reducir las condenas a cientos de represores y genocidas de la última dictadura militar. Un fallo que se viene cocinando desde el minuto uno en que el presidente Macri llegó al poder a pedido de la pata civil cómplice del gobierno de facto, la Iglesia Católica y un sector del Establishment.
El encargado de investigar esta trama fue el periodista Martín Granovsky quién cuenta en su artículo para Página12, con lujo de detalles, cómo y quienes cocinaron esta ‘reconciliación’ para satisfacer el requerimiento del gobierno Nacional, que produjo un fenomenal rechazo en la sociedad y movilizó a cientos de miles de personas a resistir esta embestida de la justicia contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
El Presidente, miembro cabal de una elite que ni se anima a pronunciar las palabras “terrorismo de Estado”, fue el que garantizó las históricas marchas del miércoles 10. Lo hizo cuando consiguió que el abogado corporativo Carlos Rosenkrantz fuera ministro de la Corte.
Rosenkrantz juró el 22 de agosto de 2016, y según asegura Granovsky, el 28 de septiembre ya se estaba trabajando para aplicar el dos por uno a secuestradores, torturadores y asesinos.
El fallo del dos por uno fue firmado el 3 de mayo por Rosenkrantz y el otro cortesano propuesto por Macri, Horacio Rosatti. Se agregó Elena Highton de Nolasco quien persigue su propia agenda y entendió que con su voto garantizaba su silla en el supremo tribunal luego de cumplir la edad límite para retirarse, y con ello el cargo de secretaria con rango de camarista de su hija Elenita. Votaron en disidencia Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Rosenkrantz -relatan- parece entusiasmado con su papel revisionista en materia de derechos humanos. Hasta dejó estampada su huella en el trámite interno de la Corte antes del fallo que confirmó la reducción de condena para Luis Muiña, miembro de un comando que operó en el Hospital Posadas de Haedo en marzo de 1976.
La huella de Rosenkrantz se llama Federico Morgenstern, un integrante de su equipo de letrados. Los letrados se encargan de investigar la jurisprudencia y redactar los borradores del voto que luego corrige y firma el ministro.
Morgenstern es un abogado que trabajó como prosecretario de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal junto con Martín Irurzun. Cuando Rosenkrantz fue ungido ministro de la Corte se lo llevó con él. Es uno de sus prosecretarios letrados.
Desde 2011 en la Corte Suprema los expedientes internos previos a un fallo recorren un circuito que va quedando registrado en el sistema informático.
El sistema – del máximo tribunal- tiene una cara accesible al público y otra restringida. PáginaI12 tuvo acceso a la parte restringida. El 28 de septiembre de 2016 se produjo una novedad que aparece registrada con la palabra “información”. Y al lado puede leerse: “Asignar proyectista: Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vocalía número 4: 20288020648. Morgenstern Federico”.
El proyectista es el secretario o prosecretario letrado que se encarga de darle forma al voto.
Funcionarios del Poder Judicial que pidieron reserva de su nombre explicaron a ese medio que habitualmente la identidad del proyectista es conocida en la Corte pero no queda inscripta. Dijeron estar muy asombrados por el caso de Morgenstern, que además aparece con su número de CUIL completo.
El nombre completo de la causa Muiña es “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/a determinar”. Bignone ocupó todos los peldaños de la estructura militar y llegó a la Presidencia después de la derrota de Malvinas, en 1982. El “otro” es el torturador Muiña.
Rosenkrantz tuvo el expediente en su vocalía hasta el 29 de diciembre. Ese día, antes de la feria judicial de verano, lo pasó a la secretaría tercera de la Corte. El 16 de enero lo recibió otra vez. Volvió a empollarlo otros tres meses, hasta el 17 de abril.
Morgenstern se hizo famoso entre los abogados cuando publicó en 2014 su libro “Cosa juzgada fraudulenta”. El prólogo es de Rosenkrantz. Escribió que para Morgenstern la doctrina de la cosa juzgada írrita. Un párrafo que Rosenkrantz rescata es el que sostiene que “en las últimas décadas” el verdadero peligro no es el Estado. “Es bastante mayor el peligro de la impunidad que (el peligro de) la sujeción a la tiranía estatal”, dice el actual proyectista del fallo sobre el dos por uno a un torturador. Con el 2×1 dejarían de cumplir su condena original autores de crímenes de lesa humanidad. La situación se parece mucho a la noción sobre “el peligro de impunidad”.
Recibido como una herramienta de combate por el antikirchnerismo duro, el libro fue promovido por los defensores del establishment económico y político nucleados en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde se hizo una de las presentaciones. No se trata del Colegio Público de Abogados sino de la organización que apoyó con entusiasmo la dictadura, cuestionó los juicios por delitos de lesa humanidad y representa a los abogados de los grandes estudios. La revista de la entidad está dirigida por José Alfredo Martínez de Hoz hijo. En vida su padre fue directivo del CACBA. También fue presidente del “colegito de la calle Montevideo”, como es conocido entre los abogados, Roberto Durrieu, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires cuando Ramón Camps era jefe de Policía y subsecretario de Justicia a nivel nacional con Jorge Rafael Videla de presidente de facto.
El colegito fue uno de los 2629 avalistas de Rosenkrantz, hasta ese momento miembro de un estudio que representaba, entre otras empresas y entidades, al Grupo Clarín en juicios contra el Estado, y a YPF, Musimundo, América TV, Cablevisión, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, Quilmes e IRSAE.
Entre los 1428 críticos de la postulación de Rosenkrantz figuraron los organismos de derechos humanos. La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que encabeza Lita Boitano, dijo que Rosenkrantz había cuestionado los fallos “Simón” y “Mazzeo” que habilitaron el juzgamiento por delitos de lesa humanidad. Según el CELS, tanto Rosenkrantz como Rosatti eran cuestionables por sus “posturas regresivas en temas vinculados a la protección de derechos y la aplicación de derecho internacional de los derechos humanos, así como por sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”.
En febrero último la Corte Suprema, con sus dos nuevos integrantes a la cabeza, puso en duda la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En cuanto a los fallos “Simón” y “Mazzeo”, la web Crimen y razón, que dirige Rafael Saralegui, recuerda que en 2007 Rosenkrantz y su actual secretario letrado José Elías polemizaron con el actual fiscal Leonardo Filippini. Para ellos hay que tener cuidado con tomar en préstamo fallos internacionales en delitos de lesa humanidad. Incluso hay que cuidarse del repudio hacia las amnistías. “Ciertas amnistías pueden ser legítimas”, escribió el actual ministro de la Corte. “Los Estados no tienen una obligación de acusar penalmente y sancionar estos crímenes sino sólo una obligación de ‘responsabilizar’”, algo que no requiere necesariamente de penas.
Como académico Rosenkrantz sostenía que derechos económicos y sociales como salud, vivienda, educación, no son exigibles ante los tribunales porque los jueces no tienen equipamiento ni están preparados para decidir este tipo de casos.
Rosatti, ex intendente de Santa Fe, tuvo entre otros avalistas al arzobispado de su ciudad. El arzobispo Antonio Arancedo es el mismo que llamó a la “reconciliación de los argentinos” justo días antes del fallo en favor del dos por uno.
Rosenkrantz y Morgenstern serían el núcleo duro del núcleo duro. Nada menos que su representación en la Corte Suprema.
Uno de sus promotores de siempre es el abogado Alejandro Carrió, socio número 5725 del colegito. Carrió compartió clientes con Rosenkrantz, entre ellos el Grupo Clarín. Hace dos años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dijo que “enfrentamos una situación límite en la lucha por el Estado de Derecho”.
Es un hecho que Carrió, primo de la diputada, quedó convertido en el primer defensor público del fallo del dos por uno. “Una sentencia que reafirma la vigencia del Estado de Derecho”, fue el título de su columna en La Nación el 4 de mayo, al día siguiente del fallo. “Lo resuelto adquiere mayor trascendencia si se repara en que estaban de por medio derechos de personas condenadas por delitos llamados de lesa humanidad, lo que motivó que en el pasado se flexibilizaran peligrosamente principios como el de legalidad e inmutabilidad de la cosa juzgada”, escribió el simpatizante de Morgenstern y su idea de la cosa juzgada pero no tanto.
Luis Muiña cometió delitos “llamados de lesa humanidad”, como diría Alejandro Carrió, como parte del autodenominado grupo paramilitar Swat que actuó a comienzos del golpe en el Hospital Posadas, ubicado en la calle Martínez de Hoz. Fue encontrado culpable de haber intervenido en la privación ilegal de la libertad y en los tormentos aplicados contra la enfermera Gladys Cuervo, Jorge Roitman, Jacqueline Romano, Jacobo Chester y Marta Graiff.
Sin embargo, desde el diario Clarín, promotor de Rosenkrantz para la Corte Suprema buscaron despegar al presidente de este fallo que se venía cocinando desde septiembre de 2016 y que se vincula directamente con la Casa Rosada.
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