Después de que el abogado y operador de La Nación Diego Cabot anunciara, en un relato fantasioso e incomprobable, que le entregaron 6 de los 8 cuadernos originales que supuestamente habían sido incinerados por el chofer arrepentido Centeno, el fiscal federal Jorge Di Lello emitió un dictámen que deja al descubierto las falsedades con las que se armó la causa con la que aún se busca involucrar al kirchnerismo en manejos vinculados con la corrupción.

Di Lello denuncia que cuando se tomaron las declaraciones de los arrepentidos se incumplió con la obligación de grabar o filmar las audiencias. Destaca como una gran irregularidad que el expediente se haya armado en función del relato de Oscar Centeno volcado en fotocopias y afirma que no cambia nada la aparición de los originales de los cuadernos sino que –al contrario– muestra que el chofer mintió al decir que los había quemado y debilita sus “aportes ”.

Cuestiona, además, que a algunos imputados se los indagó sin describirles un hecho concreto que los involucrara.  “En un Estado de Derecho, una investigación no puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia, sino que tiene que desarrollarse de conformidad con las reglas procesales vigentes”, advierte Di Lello en su texto.

Explica que la declaración como arrepentido del ex secretario de Obras Públicas, José López, no cumplió con los requisitos que dispone el artículo 6 de la ley 27.304 (del arrepentido) que dice que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.

El fiscal se detiene en el interrogatorio a López, porque en lo que allí se dijo se basaron las imputaciones a Wado De Pedro, Máximo Kirchner, Andrés Larroque, José María Ottavis, Julián Alvarez, los ex intendentes Ricardo Ivoskus (San Martín) y Enrique “Japonés” García (Vicente López) y el empresario Sergio Szpolski.

La audiencia no fue grabada ni filmada, un patrón que se repitió con todos los arrepentidos, que fue cuestionado por varias defensas y que la Cámara Federal toleró. Ese grupo fue sobreseído por el juzgado cuando fue elevada la causa a juicio oral, pero se hizo una “extracción de testimonios” (una suerte de denuncia) para que se analice si hubo alguna infracción o delito electoral . Di Lello dice que se deben anular sus indagatorias y también ser desligados este asunto.

Como es sabido, a lo largo de la causa jamás se probó ni un pago a CFK y buena parte de la “prueba” son relatos. El propio López, mintió en la causa y el juicio sobre los 9 millones de dólares que llevó a un convento en general Rodríguez, ya que cambió al menos tres veces de versión, pese a que se probó que los dólares habían estado en un altillo en su casa. Lo que no se estableció ese el origen del dinero.

“La sorpresiva y reciente aparición de los que, aparentemente, serían los originales de 6 cuadernos, no genera tampoco la certidumbre necesaria para su valoración, toda vez que su presunto autor manifestó haberlos quemado y todavía no se ha podido establecer su autenticidad y valor probatorio”, dice el dictamen.

Con ese “derrotero de afirmaciones falsas”, agrega, “se pueden presumir como mínimo, dudosas las afirmaciones realizadas en sus múltiples declaraciones respecto del modo, tiempo y lugar en el que se confeccionaron las piezas cuestionadas”

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