El beneficio de la prisión domiciliaria había sido dictado por los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos, luego de los reiterados pedidos de organismos de Derechos Humanos y la CIDH, pero ahora el tribunal de alzada dispone el regreso de la diputada del Parlasur al Servicio Penitenciario de Alto Comedero.
La defensa informó que no se debería hacer efectivo el traslado en virtud que los abogados recurrirán la medida que, según el Artículo 443 del Código Procesal Penal prevé que la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión impugnada. “Hacemos responsable al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 27 de julio por la CIDH”, señalaron desde la Tupac Amaru.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya notificó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la decisión del tribunal de alzada.
Aún no se conocen los fundamentos de la resolución firmada por los jueces Néstor Hugo Paolini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Cattan quienes notificaron a la defensa defensa de Sala este viernes a las 19 horas.
Los abogados recurrirán la resolución de la Cámara de Casación. De hacerse efectiva la misma, el Estado Nacional estaría incumpliendo con los tratados internacionales suscriptos con rango constitucional, lo que acarrearía sanciones para el país.
