La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar instando al Estado argentino a que “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero del señor Santiago Maldonado” y para que “informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos”.
La cautelar de la CIDH, que se hará pública en las próximas horas y fue otorgada por el organismo internacional en un expediente ya abierto, advierte al gobierno de Mauricio Macri de la “gravedad y urgencia de la situación” y del “daño irreparable” que provoca la falta de información certera.
La CIDH otorga un plazo de 10 días al Estado para que responda, contados a partir del 22 de agosto, y deben incluir informes periódicos sobre las acciones que lleve a cabo en la búsqueda del joven artesano.
Como antecedente vale recordar que el gobierno de Macri no le reconoce al organismo interamericano autoridad vinculante en sus disposiciones y lo dejo claramente expuesto en el incumplimiento de la cautelar que exigía la inmediata libertad de Milagro Sala.
La Argentina está suscripta a los actos y disposiciones de la CIDH por lo que a partir de ese compromiso asumido, tiene la obligación de aceptar, respetar y hacer efectivos los fallos y recomendaciones que ordene en casos relacionados con la violación de los derechos de las personas.
