El gobierno acaba de dar un paso más en la política de persecución a todos aquellos qu se opongan a sus políticas en una muestra del más acabado autoritarismo que pone en peligro la vigencia de las bases del sistema democrático.
Desde el poder ejecutivo se ordenó la creación de un registro de los abogados que planteen la inconstitucionalidad de la Ley de ART y de los trabajadores a los que ellos representen mediante una resolución firmada por el Superintendente de Riesgos de Trabajo Gustavo Darío Morón quien además fue agente civil durante la última dictadura cívico militar.
De esta forma, las aseguradoras tendrán la obligación de reportar todas las causas en las que hayan sido demandadas a partir de la ley de ART.
Se trata de un Sistema Integral de Registro para el estudio de la Litigosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo – S.I.R.E.L. “, en el que “las aseguradoras, los autoasegurados y mutuales deberán informar los procesos judiciales en los que intervengan en carácter de demandada, codemandada, citada en garantía, por citación de terceros, por causas de riesgos del trabajo, en virtud de los cuales se interpongan planteos de inconstitucionalidad a los preceptos de la Ley 27.348 o en su defecto al Decreto 54/17, así como también las novedades que se produzcan en el desarrollo de los mencionados procesos.
Ante la aparición de este nuevo engendro legal del macrismo, Jorge Rizzo,presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal manifestó su preocupación al preguntarse si lo que busca el gobierno es armar listas negras para escrachar y perseguir a los abogados y a los trabajadores que recurran a ellos
