El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga operaciones de espionaje ilegal, principalmente ingresando en el sistema de la Dirección Nacional de Migraciones. El fiscal Ramiro González impulsó el expediente y enumeró una lista de 21 jueces, desde el integrante de la Corte, Juan Carlos Maqueda, pasando por casi todos los integrantes del fuero federal y numerosos magistrados de los tribunales orales.

El sistema de Migraciones es clave porque, por ejemplo, permite saber si un juez o funcionario está viajando mucho y exhibiendo una capacidad económica que no puede justificar. Puede poner en evidencia que viaja sin tomarse licencia, en tiempos en que debería estar trabajando. Pueden aparecer escapadas con terceras personas, no sólo amantes sino empresarios u otros funcionarios. Todos son elementos que pueden dar lugar a aprietes y extorsiones.

Según consignó el Diario Página/12, expertos en Migraciones aseguraron que lo que investiga Canicoba no parece una única operación armónica, ordenada por una sola cabeza, sino que se trataría de maniobras ilegales de espionaje de diverso tipo, algunas con vasos comunicantes con la Casa Rosada —los Macri probadamente recurrieron a este tipo de métodos–; podría haber compra de información para extorsionar, al estilo de Marcelo D’Alessio; y se olfatean jugadas de narcos, tal vez empresarios mineros y medios de comunicación.

El origen de esta parte del expediente fue una nota de Carlos Pagni en el diario La Nación, el 2 de abril de 2017, titulada «El pestilente círculo negro del espionaje«, en el que se mencionaba la existencia de distintas operaciones de espionaje ilegal, en ese caso vinculadas a la AFI. El término «círculo negro» vinculaba las operaciones con el gobierno ya que por entonces se hablaba de que Macri estaba rodeado de un «círculo rojo». Lo cierto es que al cabo de dos años, el fiscal Ramiro González enumeró una lista de 21 jueces sobre los cuales hubo ingresos no explicados en el sistema de Migraciones para averiguar sobre sus viajes, entradas y salidas del país. Como uno de los espiados ilegalmente fue el propio Canicoba, el juez decidió que otro juez debía investigar ese único caso. El sorteo determinó que esa parte del expediente quede en manos de María Romilda Servini.

Una operación de espionaje de bajo nivel
Durante el miércoles distintos periodistas dieron a conocer la existencia de la investigación de Canicoba que en realidad surge de una denuncia de la AFI, a raíz de la nota de Pagni. Son muchísimos los funcionarios que tienen acceso al sistema de Migraciones, pero para hacer cualquier consulta tienen que ingresar con una clave. De esa manera queda identificado el que busca cualquier dato, lo que permite ahora saber quién indagó sobre cada uno de los 21 jueces. Según los expertos, no se trata de una operación de espionaje de alto nivel porque hay alguna forma de ingresar sin quedar registrado, pero se ve que quienes averiguaron sobre los jueces no tienen nivel en el espionaje y dejaron su marca.

En el expediente, por ejemplo, aparece un alférez de la Gendarmería de Salta, quien no pudo explicar sino con vaguedades por qué entró al sistema para averiguar sobre Sebastián Casanello, juez federal de Comodoro Py. Dijo que era para recibirlo mejor en esa provincia. Todo indica que allí hubo un espionaje, tal vez pagado por alguna empresa o por algún narco, para ver si aparecían elementos con los que «apretar» al magistrado. Tampoco la Unidad de Información Financiera (UIF), un brazo del Poder Ejecutivo, pudo explicar satisfactoriamente por qué buscó datos sobre determinados jueces. Sólo argumentó que tenía facultades para hacerlo.

Es público y notorio que Marcelo D’Alessio recurrió al ingreso al sistema de Migraciones para extorsionar. La hipótesis es que le pagó al fiscal Juan Ignacio Bidone para que le consiga los ingresos y egresos del país de empresarios como Pedro Etchebest o Mario Cifuentes y varios otros, a los que después les exigió dinero. Operaciones de ese estilo podrían estar también en las investigadas.

El juez detectó igualmente una correspondencia entre el ingreso al sistema de Migraciones, la averiguación sobre viajes de un magistrado y la aparición de esos datos, en los días siguientes, en un diario porteño. O sea, espionaje para continuar con la ofensiva política–judicial–mediática.

La AFI, por su parte, al realizar la denuncia, sugirió una cantidad de nombres de abogados a los que responsabilizó por una parte de las operaciones de espionaje, sugiriendo que por esa vía conseguían información para presionar a los jueces. El organismo de inteligencia también apuntó a ex agentes y jefes de la SIDE, que se ocuparían de vender la información, siempre con el mismo objetivo.

Sin dudas el mayor caudal de operaciones de espionaje ilegal a través del sistema de Migraciones provienen de organismos del gobierno: la Gendarmería, el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal, la UIF, la Policía de la Ciudad, la Procuración Nacional, el Ministerio de Seguridad de Salta, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Nacional. En total, Canicoba le exigió explicaciones a 12 organismos.

Quienes conocen la investigación sostienen una curiosa teoría: «Acá hubo una competencia por espiar y caerle bien a sus superiores, juntando datos contra jueces, pero también contra funcionarios kirchneristas, empresarios, sindicalistas. Todo esto último ya va a aparecer. Sucede que en el macrismo no está mal visto el espionaje y conseguir información como sea. Ya se vió en el caso de Ciro James. Y lo que hicieron, lo hicieron mal, de forma poco profesional, dejando las huellas por todos lados. Lo que se observa es una gran cantidad de operaciones, desprolijas, no coordinadas, pero todos querían quedar bien con la Presidencia. Y el común denominador es presionar, extorsionar, perseguir».

Fuente: Página12

print

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here