El juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, procesó este miércoles a cinco prefectos del Grupo Albatros como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa.

Los cinco prefectos son: Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio Damián García, Sergio Guillermo Cavia y Carlos Valentín Sosa,

El magistrado además dispuso un embargo de 500.000 pesos, en cada caso y también la prohibición de salir del país sin previa autorización judicial.

El juez expresó que los prefectos “utilizaron el armamento provisto por esa institución (marcadoras de pintura, subfusiles MP5, pistolas 9 mm., entre otras), como consecuencia de lo cual se produjo la muerte de Rafael Domingo Nahuel Salvo, quién fue impactado por una munición emergente de un arma de fuego que le ocasionó su deceso”.

En esa línea, Moldes dispuso también el procesamiento con prisión preventiva de Fausto Jones Huala y Lautaro González, dos mapuches involucrados en el enfrentamiento ocurrido en noviembre de 2017 en Mascardi, a 35 kilómetros de la ciudad, durante el cual murió el joven Rafael Nahuel.

Los acusa de coautores penalmente responsables de los delitos de usurpación y atentado contra la autoridad, agravado por haberse cometido a mano armada.

Dispone, además trabar embargo a Jones Huala y Lautaro Alejandro González hasta cubrir la suma -en cada caso- de diez mil pesos ($10.000).

En otra parte del fallo, de más de cien carillas, consigna que la cuestión radica “en determinar si la utilización que los efectivos realizaron (en esas particulares circunstancias) del armamento letal con el que contaban, resultó racional en los términos de la norma penal. Y es aquí donde me inclino por afirmar que los funcionarios pudieron haber rebasado el límite de la necesidad”.

La muerte de Rafael Nahuel, de 21 años, ocurrió el sábado 25 de noviembre de 2017, en un predio que había sido ocupado por la comunidad mapuche Winkul Mapu de Villa Mascardi.

Los agentes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval estaban participando del operativo de seguridad circundante a la comunidad desalojada, a raíz de una orden judicial por la ocupación ilegal del predio en la villa vecina a la ciudad de Bariloche, ubicado dentro en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

El caso comenzó el miércoles 22 de noviembre, cuando se cumplió la orden del juez federal Gustavo Villanueva de desalojar a la comunidad mapuche instalada dos meses antes en Villa Mascardi, como reclamó una demanda judicial presentada por la Administración de Parques Nacionales por ocupación ilegal.

El operativo de desalojo involucró a unos 400 agentes de la Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria (PSA), de Gendarmería Nacional y de la Prefectura en un operativo en el que fueron detenidas nueve mujeres. Los hombres de la comunidad, en cambio, escaparon.

Tres días después, el sábado, agentes del grupo Albatros que custodiaban el predio desalojado intentaron detener a mapuches que se acercaron al lugar y fueron atacados con armas de fuego, según el Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese contexto murió Nahuel.

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