Durante el mayor clima de conflicto entre el gobierno nacional y la CGT, en noviembre pasado, el presidente Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia para implementar el bono de 5 mil pesos. El DNU además incorporaba un sistema para ponerle freno a los despidos, al menos hasta marzo próximo, pero terminó no cumpliéndose.

La iniciativa de la Casa Rosada había sido anunciada ante representantes de la central obrera, durante una reunión en la que se había acordado para frenar la posibilidad de otro paro general. Sin embargo, la falta de reglamentación del DNU por parte del Ministerio de Producción y Trabajo dejó sin efecto la segunda parte del decreto.

El periodista Mariano Martín detalló en el diario Ámbito financiero que «los funcionarios llegaron a enviar a gremios y cámaras empresarias un borrador de reglamentación antes de fin de año pero finalmente optaron por condenar a la normativa al olvido».

“El problema de la falta de reglamentación es que los empresarios, en su mezquindad, aprovechan cualquier hueco legal para avanzar con despidos”, afirmó ante ese medio Héctor Daer, triunviro de la CGT y uno de los responsables de la negociación del DNU con el Gobierno y las cámaras patronales.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial el 12 de noviembre de 2018, establecía “un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días previo a hacerla efectiva”. Ante esa información, la cartera de gobierno quedó facultada “de oficio o a petición de parte a convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar (durante el plazo de diez días) las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral”.

Según el periodista, «todos los laboralistas consultados coincidieron en que la norma no tuvo uso alguno».

“El mecanismo de informar antes de despedir no surtió ningún efecto. Solo evidenció la ausencia de una política del Gobierno frente a la crisis de empleo o, lo que es lo mismo, un permiso para que los empresarios despidan sin consecuencias”, afirmó el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte.

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