El Poder Ejecutivo designó, tras haber cumplido con la realización de la audiencia pública la semana pasada, al abogado Carlos Cruz como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo a cargo de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La designación, concretada a través del decreto 99/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

En los considerandos del decreto recuerda que «por el artículo 5° de la Ley N° 25.246 se creó la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo dotado de autonomía y autarquía financiera que actúa en jurisdicción del Ministerio de Economía, y por el artículo 8° se estableció que estará integrada por un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un (1) Consejo Asesor de siete (7) vocales».

El mandato de Cruz entró en vigencia el 26 de enero, debido a que el día anterior venció el mandato de Mariano Federico como titular del organismo, al finalizar el período para el que fue designado.

La norma recuerda además, que el miércoles pasado se realizó la consulta a la ciudadanía tal como establece el artículo 9 de la ley 25.246, en la que se analizó la capacidad técnica, moral y el compromiso del candidato propuesto. 

Cruz, en su desempeño profesional, ha asistido, ya sea como letrado defensor o bien como querellante, a personas y entidades relacionadas con distintas líneas de pensamiento (radicalismo, peronismo, socialismo y organizaciones de derechos humanos).

También se desempeñó como asesor de legisladores del Partido Socialista en las Comisiones de Derecho Penal y Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.

Hace 30 años asesora en tema penales, sobre fraude, lealtad comercial y defensa de la competencia a empresas y cámaras aseguradoras de nuestro país y del Mercosur.

Es profesor de grado y posgrado de la materia «Delitos Económicos» en la UBA, desde hace 35 años.

Fue secretario académico del Centro de Investigaciones Político Sociales (Cips) que se dedicó a estudiar y difundir ante la opinión pública el proceso de desnacionalización de la economía Argentina generado durante la dictadura cívico-militar de los años 1966/1973

Durante la presidencia de Raúl Alfonsín trabajó con el Dr. David Baigún en los cursos y el diseño de los planes de estudio e investigación del Centro de Asuntos y Estudios Penales del Banco Central destinados a capacitar a funcionarios del Banco Central. (Primera iniciativa de construcción de una política pública orientada a perseguir el delito financiero en la República Argentina) y que dio lugar al impulso de más de 300 querellas penales. 

En tanto, Mariano Federici, un hombre íntimamente ligado al cuestionado HSBC, fue denunciado penalmente por el diputado Rodolfo Tailhade por haber encubierto maniobras de lavado de dinero del narcotrafico. El diputado encontró al menos dos casos en los que la UIF comandada por Federici evitó sancionar al banquero Gabriel Martino, amigo de Mauricio Macri y hasta hace unos meses presidente del HSBC, por no haber informado maniobras sospechosas de lavado de activos.

En el primero, Federici y la 2 de la UIF, María Eugenia Talerico -quien hasta diciembre de 2015 se desempeñaba como abogada del HSBC- elaboraron un dictamen liberatorio para el HSBC en el caso “Mi Sangre”. El banco estaba acusado por las múltiples operaciones financieras llevadas a cabo en el HSBC por Marcelo Oscar Chirizola, presunto testaferro del narco colombiano Henry de Jesús López Londoño (conocido como Mi Sangre), quien había sido detenido en Argentina y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado. Pese a que el Consejo Asesor de la UIF emitió por unanimidad un dictamen en rechazo a la decisión de Federici y Talerico, y a que en ese momento se encontraba en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 un proceso penal por lavado de dinero contra Chirizola y otras personas que, aparentemente, conformaban un “equipo” de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, Federici decidió la absolución del HSBC.

En el otro caso funcionarios de la UIF le avisaron a Martino, en noviembre de 2016, que el narco colombiano Jose Bayron Piedrahita Ceballos y su testaferro local Mateo Corvo Dolcet, que realizaba numerosas operaciones con el HSBC, estaban siendo investigados por la justicia argentina, y lo pusieron al tanto del riesgo que implicaba para él y para el banco que no se informara a la UIF la existencia de operaciones dinerarias vinculadas al narcotráfico, dándole tiempo además para que el Banco “limpiara” las pruebas.

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