Oscar Aguad, ministro de DEFENSA

El juez federal Ariel Lijo citó hoy a indagatoria al ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, como parte de la investigación por las supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas del Correo Argentino S.A. al Estado nacional, en 2016.

De continuar en su cargo, el ministro de Defensa será el primer integrante del gabinete en funciones del gobierno de Mauricio Macri en declarar en indagatoria como sospechoso de un caso de corrupción.

Lijo aceptó el pedido que hizo el fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó que fueran indagados Aguad y Juan Manuel Mocoroa-encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones-, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher.

En el pedido de indagatorias el fiscal había dicho que «la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher».

Pollicita imputó a Aguad y al resto de los involucrados en el caso los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. El fiscal destacó que hasta 2015 el Estado defendió los intereses públicos algo que contrasta con lo sucedido en el hecho bajo investigación. «Lo expuesto precedentemente-dijo Pollicita- resulta demostrativo de dos situaciones, por un lado, la defensa de los intereses públicos que mantuvo el Estado Nacional hasta el año 2015, tanto a través de sus representantes en el proceso concursal como de los distintos organismos públicos consultados a efectos de emitir opinión sobre las diversas propuestas efectuadas por Correo Argentino S.A., la cual se vio reflejada en el rechazo de aquéllas, y por el otro, las reiteraciones por parte de la concursada de ofertas de pago irracionales que solamente propendían a alcanzar un acuerdo que contemplara una quita inadmisible o, en su defecto, a dilatar indefinidamente el trámite concursal. Lo expuesto hasta aquí evidencia que Mocoroa y Aguad, a sabiendas del alcance de la voluntad de la firma involucrada en función de lo previamente negociado con los representantes de Correo Argentino S.A., ajustaron las pretensiones de cobro del Estado Nacional con miras a alcanzar un acuerdo que beneficiase los intereses de la sociedad concursada».

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