El presidente Mauricio Macri, aseguró ante los integrantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que si alguno recibe un pedido de coimas «acá tienen un presidente» y un «equipo de gobierno ante el cual denunciarlo», «No tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley», dijo.

El jefe de Estado, se expresó de este modo al participar de la apertura del encuentro anual de la AEA, en el Hotel Sheraton, de esta capital.

Sin embargo, resulta increíble que un hombre que viene de La Patria Contratista y cuyas empresas familiares están más que sospechadas de haber pagado coimas, ademas de haber protagonizado un sinnúmero de escándalos a lo largo de muchos años, ahora aferrado a la causa de los cuadernos que involucra a funcionarios del gobierno anterior, pretenda despegarse y hacerse el desentendido de la historia que salpica a todos los gobiernos, de los últimos 50 años, y a los empresarios, los mismos de siempre, que se repartieron las obras contratadas por el Estado.

El Grupo Macri es uno de los holdings más importantes de la Argentina, fundado por el magnate ítalo-argentino y padre del actual presidente, Franco Macri. Posee empresas en Argentina, Brasil, Panamá y Uruguay y todas están relacionadas principalmente con las actividades de construcción, industria automotriz, correo, recolección de residuos, industria alimentaria y energía.

La facturación del grupo alcanzaba a 2.300 millones de dólares en 1999. Desde ahí en adelante se desconoce el origen y paradero de sus fondos, se cree que esa cifra se quintuplicó solo en el 2003.

Durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía realizó millonarios negocios a expensas del Estado. Asociado con su familia política, comenzó haciendo negocios ganaderos ligados a la exportación de carne, facilitados también por Estado, que decidió transferir este monopolio a una empresa mixta entre el Estado y su familia.

Las empresas ligadas a la Sociedad Macri (SOCMA) tuvieron un rol y un crecimiento destacado durante el autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional», entre los años 1976 y 1983. En 1976 disponían de siete empresas; al terminar la dictadura la cantidad había aumentado a 47

En un estudio realizado por los economistas Eduardo Basualdo, Manuel Acevedo y Miguel Khavise, en 1984, señala “que poseyendo 7 empresas en 1973 han alcanzado a 47 al fin de la dictadura… Las más relevantes son Sevel Argentina (automotriz), Sideco Americana (construcciones), Socma Corp (financiera), Manliba (recolección de residuos), Itron (electrónica), Solvencia de Seguros (aseguradora), Prourban (inmobiliaria), Iecsa (instalaciones mecánicas), Perfomar (perforación petrolera).​

El holding Socma, fue beneficiario de importantes licitaciones durante la dictadura, como la represa Yaciretá, la construcción del puente Misiones-Encarnación, la central termoeléctrica de Río Tercero y de Luján de Cuyo, la recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la creación de Manliba, entre otras. Durante esa época compra Fiat, esta venta terminó siendo un acuerdo para llevar adelante el cierre de plantas y despidos.​

El 17 de noviembre de 1982, González del Solar dicta la Circular «A» 251, que dispuso la estatización de la deuda de cientos de empresas privadas, siendo el Grupo Macri-Socma uno de los principales benficiados a través de algunas de sus empresas como Sevel, SIDECO y Manliba.

Mantenga Limpia a Buenos Aires (ManLiBA) tenía una deuda externa de 3.902.000 dólares, mientras que Sevel adeudaba 124 millones de dólares.​ Sideco Americana S.A fue denunciada por una maniobra de «autopréstamos» según el informe de los auditores presentado ante el juez: «la maniobra consistía en la colocación de fondos propios en plazos fijos en el exterior, recibiendo como contrapartida un préstamo de la misma entidad bancaria, sirviendo el plazo fijo como garantía a estos créditos. Los plazos fijos en el exterior no se informaban al BCRA, en muchos casos, estos plazos fijos tampoco figuraban en los libros y balances de las sociedades», tal como surge de la investigación. Sin embargo el responsable de investigaciones del BCRA, Carlos Melconian, decidió en 1986 frenar la investigación.

Las autopistas de Buenos Aires fueron concesionadas a la unión transitoria de empresas Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), que formaban el grupo Macri y Techint. AUSA cumplió con sus adjudicaciones mediante créditos externos que tuvieron avales municipales por 973,9 millones de dólares como garantía. AUSA se convirtió el tercer mayor deudor de la Argentina. Al poco tiempo, la empresa adujo que la explotación por peaje no era rentable y reclamó que el municipio la subsidiara. Ante su negativa, no pagó los préstamos contraídos y el Tesoro de Buenos Aires debió hacerse cargo de la deuda del grupo, mientras los concesionarios seguían cobrando la tarifa más de unos 3 dólares por menos de 20 kilómetros, señalada como la más onerosa del mundo. En 1985 la Municipalidad se hizo cargo de aquel pasivo y permitió que el consorcio continuara la explotación de la autopista por cinco años más. Los expertos del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires demostraron que las utilidades de los concesionarios serían entre el 300 y el 1.300 %.9​

En 1989 el intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot, se vio envuelto en un en un escándalo por corrupción en obras cloacales, otorgada sin licitación a SIDECO. La obra orillaba los 400 millones de dólares y, financiación mediante, alcanzaría los 1000 millones. En marzo de 1989 la obra fue firmada por Rousselot y Mauricio Macri. Sesenta días después, el contrato fue rescindido por diversas irregularidades como la falta de aprobación del Concejo Deliberante, costo de la obra y tarifas excesivamente alta​ y la ausencia de concurso de ofertas. Estas irregularidades llevaron a que en 1989 Rousselot fuese destituido, mientras era investigado por la justicia en simultáneo.

Ya entrada la década de los 90´se hizo cargo de Celulosa Argentina y de sus emprendimientos Puerto Piray y Alto Paraná en una complicada operación financiera. En Celulosa Argentina invirtió 40 millones de dólares en títulos y comprometió 90 en efectivo. Su participación era del 29 por ciento. En Puerto Piray, también deudor del Banade, donde aportó 200 millones de dólares en títulos y debería invertir a largo plazo 300 en efectivo, los socios eran el grupo Clarín y Macri. Participa en aproximadamente el 20 por ciento. Puerto Piray es una planta integrada en la provincia de Misiones, para la producción de pasta celulosa.

En el año 1995, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo promovió el decreto 493 que estableció una condonación de deuda intereses, multas “y demás sanciones emergentes de obligaciones tributarias vencidas al 31 de julio de 1995”, para empresas y trabajadores autónomos.

En 1993 Sevel de Argentina exportaba autopartes a Sevel Uruguay, lo que le permitía cobrar reintegros por exportaciones. Pero, a su vez, esas piezas, eran ensambladas allí y luego importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados. De este modo, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento. Así, se beneficiaba con el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados. Tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos, se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina a su vez eran reingresadas en el país, luego de ser compradas y vendidas por Sevel Uruguay y Drago SA, controladas por Sevel. Un cálculo aproximado realizado por los investigadores concluyó que el monto de lo percibido como reintegro sólo en 1993 asciende a unos 7.000.000 de pesos. Se estima que estas exportaciones continuaron hasta 1995. El juez consideró “una ficción jurídica” creada por Sevel para posibilitar el ingreso de los vehículos al país evadiendo sus obligaciones impositivas (pago a cuenta de IVA y anticipo de Ganancias). Los vehículos así ingresados, eran comercializados por concesionarios oficiales de Sevel, pero las operaciones eran registradas como “importación directa” de los particulares adquirentes. En esta etapa, se generaba una nueva evasión, por el IVA correspondiente a la operación comercial de compraventa no registrada.​ Dichas maniobras, y la acusación de la entonces DGI, dieron lugar a una causa en el juzgado de San Isidro, que dio por probada la evasión impositiva y dictó el procesamiento de los responsables de la terminal automotriz, la importadora y de las tres concesionarias.​ Franco Macri fue imputado por esta causa y Mauricio Macri fue embargado por 4,9 millones de pesos, y procesado por “contrabando”, pero posteriormente Casación Penal dictó el sobreseimiento.

El 24 de marzo de 1997, mediante decreto el presidente Carlos Menem, privatiza el Correo Argentino entregando la empresa a Sociedad Macri (SOCMA). De acuerdo con el contrato de concesión, que se había firmado por un término de 30 años, la Sociedad Macri debía pagarle al Estado nacional un canon semestral de 51,6 millones de pesos. Cuando el grupo SOCMA se hizo cargo de los servicios el 1 de septiembre de 1997, el correo contaba con 20.400 trabajadores y no tenía pasivos financieros. El contraste en menos de cuatro años de gestión del grupo SOCMA la empresa contaba solo con 12.800 trabajadores, se denunció que los empleados “fueron sobreexigidos laboralmente”. Esto no fue un impedimento para que la contabilidad oficial de la empresa la muestre en virtual quiebra. El 31 de diciembre de 1999, la empresa dejó de pagar el canon, ydeuda aciendía a $ 206 millones. El Correo Argentino no pagó los salarios de julio de 2001 de 13.000 empleados. A partir de esta situación se desencadenó el famoso «CorreoGate», que aún hoy reviste un esándalo mediante el cual el presidente busca una condonación de esa deuda que prorrateada asciende a 70 mil millones de pesos.

En marzo de 1998, representantes del Grupo Macri acuden al estudio de Panamá Mossack Fonseca, dedicado a crear firmas offshore en paraísos fiscales para mover dinero negro, operar sin dejar rastros o evadir impuestos. Los panameños les crearon la firma offshore Fleg Trading Ltd. en Bahamas. Según reveló la investigación Panamá Papers, el directorio de esa sociedad estaba integrado por Franco Macri y sus hijos Mauricio y Mariano quienes  crearon una compleja red de sociedades para trasladar dinero ilícito desde las Bahamas hasta la Argentina. A través de esta empresa Macri habría lavado U$S 9 millones.

En febrero de 1998 el gobernador misionero Ramon Puerta, adjudica la construcción de la Costanera Monseñor Kerner a Iecsa, del grupo Macri. La obra fue acusada de irregularidades, ya que el primer tramo de la construcción costó 12,5 millones de dólares, aunque el Estado provincial terminó pagando casi el doble. Un proveedor de materiales de ese emprendimiento describió que aquella empresa como “una estructura mínima que pagaba mal los materiales, casi a precio de costo

Entrado el nuevo siglo, en 2001 la automotriz Sevel se dividió en dos partes, una es ahora propiedad de Fiat y la otra es controlada por Peugeot. Vendió su parte de Movicom a Bellsouth. Y se desprendió de la alimenticia Canale y de Autopistas del Sol. Sin embargo, controla activos importantes como la concesión del Correo Argentino, emprendimientos agroalimentarios, la constructora Sideco, Pago Fácil, y empresas alimenticias de peso en Brasil. El presidente del grupo, Franco Macri, pidió la estatización de toda la deuda privada.

Rapipago también se vio involucrada en el escándalo Panama Papers, la firma junto con su filial brasileña están bajo investigación y están sospechadas de cometer delitos económicos como evasión fiscal y lavado de dinero mediante rapipago Brasil, filial de la emrpesa argentina. A través de la empresa con domicilio en las Islas Bahamas, Fleg Trading estuvo activa y participó del intento del holding propiedad del empresario Mauricio Macri por instalar Pago Fácil Brasil.​

En abril del año 2017 el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para seguir interviniendo en la causa conocida como Panamá Papers, en la que está involucrado el presidente Mauricio Macri, y la derivó al Fuero en lo Penal Económico al considerar que no existen indicios de lavado de activos sino posibilidad de irregularidades tributarias. La UIF sostuvo que «Fleg Trading (Bahamas) había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008» y que «Kagemusha (Panamá) fue disuelta por morosidad de 10 años consecutivos en 2006. El juez también determinó que Mauricio Macri no introdujo 9 U$S millones a través de Fleg Trading ni hubo lavado de dinero.28​

En 2017, el Grupo Macri compró sin licitación y luego revendió seis parques eólicos. A través de un contador y adquirió los contratos a la española Isolux en 2016. Meses más tarde, los traspasó haciendo una diferencia de al menos US$ 15 millones. Durante 2016, y sin pasar por licitaciones públicas, Sideco Americana -empresa insignia de los Macri- creó junto con un grupo de socios cuatro empresas a nombre de un contador y adquirieron seis parques eólicos en Chubut y Miramar.

Comno se puede ver en esta reve descripción de las empresas del presidente, Mauricio Macri es el menos indicado para pedir a los empresarios que denuncien posibles pedidos de coimas, no tiene autoridad moral para encarar una cruzada anticorrupción, ya que todo su curriculum está manchado por la misma.

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