Los abogados de los ocho dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado y la organización Tupac Amaru detenidos en la movilización del 4 de abril, durante la apertura de sesiones ordinaria de la Legislatura provincial, que culminó con incidentes, presentarán mañana en la justicia pedidos para lograr la libertad de los sindicalistas.

“Son ocho los que están privados de la libertad pero la orden fue para diez, o sea que para dos no se hizo efectiva. Fueron procedimientos arbitrarios, ilegales e ilegítimos que buscaron quitarles la libertad y el derecho de defensa a los imputados”, dijo María José Castillo.

Castillo que defiende a José Zurita, uno manifestantes que no fue apresado al igual que Carlos Mercado, se presentará a las 9 en la sede en juzgado de Control Nº2 a cargo de Jorge Zurueta.
Junto a los otros abogados pedirá el cese de detención para todos los imputados.

Los militantes detenidos son Santiago Hamud, Erik Peralta, Jairo Joel Velazquez, Carlos Albornoz, Pedro Cachizumba, Juan Pousa Ciancia, Ivan Mercado y Leonel Altamirano, quienes deberán presentarse ante las autoridades para conocer causas de imputación y designar abogados.

Todos están alojados en distintas comisarías y “se encuentran en buen estado de salud”, indicó Castillo, según quien el sábado presentaron hábeas corpus para todos los imputados.

Las detenciones se consumaron el 4 de abril pasado por orden del juez Zurueta, ante el pedido del fiscal Diego Cussel, con la imputación del “delito de atentado contra la autoridad agravado por poner manos a la autoridad”, según consta en la orden librada desde dicho el Juzgado.

Según Castillo, “las detenciones fueron el sábado, un día inhábil para la justicia porque no se puede presentar un cese de detención mucho menos acceder a la causa”.

Por otro lado, denunció que las detenciones tuvieron lugar en el marco de “una manifestación legítima”, el 4 de abril, cuando el gobernador jujeño Gerardo Morales inauguraba el periodo ordinario de sesiones en la Legislatura provincial.

Aquel día los imputados habrían participado de la movilización que se realizó en las inmediaciones de la Legislatura provincial, en contra de las “políticas de ajuste” y el ofrecimiento salarial de Ejecutivo del 5%.

Los manifestantes intentaron derribar las vallas de contención, por lo que fueron disuadidos por las fuerzas de seguridad.

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