El polémico juez procesó con prisión preventiva a De Vido y a Baratta bajo la figura de “coautor penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta” y les trabó embargos por mil millones de pesos a cada uno.
Baratta fue arrestado en horas de la tarde de este jueves: cuando se enteró de la orden de detención pasó por su casa del barrio porteño de Belgrano a despedirse de sus hijos para ir a entregarse a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, pero no tuvo tiempo y lo atraparon antes agentes de la comisaría 12 de la Policía de la Ciudad.
Según se precisó, Baratta pasará la noche en una dependencia de la Policía de la Ciudad y será trasladado mañana a los tribunales para ser notificado de la causa en su contra.
Cuando el ex funcionario fue arrestado hubo vecinos que aplaudieron y vivaron el arresto e incluso profirieron insultos contra Baratta como “chorro” y “ladrón”.
Mientras, De Vido no será detenido porque tiene fueros, pero el martes próximo la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja se reunirá para emitir un dictamen y el miércoles el pleno del cuerpo tratará en el recinto el desafuero que ya había solicitado el martes pasado por el juez Luis Rodríguez en la causa por irregularidades en la reactivación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Trascendió que el oficialismo ya tendría los votos para lograr el desafuero del ex ministro de Planificación, lo cual implicaría su inmediata detención, tal como lo consideró el presidente de la comisión, el macrista Pablo Tonelli.
Además de a De Vido y a Baratta, Bonadio procesó a otras 23 personas, sin prisión preventiva y con el mismo embargo. Entre ellas figuran el ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex ministro menemista de Obras Públicas Roberto Dromi, especialista en Derecho Administrativo y asesor del gobierno kirchnerista; su hijo y el ex titular de la empresa de energía estatal ENARSA Exequiel Espinosa.
En una resolución de 269 páginas, Bonadio analizó la compra de gas natural licuado (GNL) entre los años 2008 y 2015 y el desvío de unos 6.900 millones de dólares por 500 barcos con ese combustible.
Durante el kirchnerismo se importaron barcos de GNL para abastecer a las plantas de Bahía Blanca y Escobar, que como estaba en estado líquido después era regasificado en un buque y luego ingresaba a la red de distribución.
Entre sus consideraciones, el juez planteó que “durante la gestión de De Vido a cargo del Ministerio, se redujo la producción de gas y las reservas de dicho fluido, sumado al aumento de la demanda, este contexto provocó que el gas importado a Bolivia no alcanzara -ya en el año 2008- para abastecer la demanda doméstica, por lo que concluyeron de esta manera las exportaciones de gas”.
Las responsabilidades deberán dirimirlas la justicia, no obstante llama poderosamente la atención el timming del magistrado para entregarle en bandeja titulares a los diarios adictos al poder.
