Según lo anunció el jefe de Gabinete Marcos Peña, por decisión del presidente Mauricio Macri, «se termina la guerra del Estado contra el periodismo» y «comienza una política pública de comunicaciones del siglo XXI».
Es interesante la visión del nuevo gobierno sobre una de las leyes más debatidas de la historia desde la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983. Desde entonces existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas. Los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001, presentaron sendos proyectos de ley que no pudieron ser tratados, afectados por fuertes presiones por parte de los intereses involucrados.
En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar la ley de radiodifusión. Luego de haber sido debatido por un año en 24 foros desarrollados en distintos puntos del país, la propuesta de proyecto de ley se basaba en veintiún puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.
Luego de haber sido debatido por un año en 24 foros desarrollados en distintos puntos del país, la propuesta de proyecto de ley se basaba en veintiún puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.
Tal proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina fue aprobado tras recibir más de cien modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En la Cámara de Senadores de la Nación fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra.
Sin embargo, el presidente Mauricio Macri deroga varios de los artículos que evitan la concentración monopólica, justamente en sintonía con las necesidades y urgencias del Grupo Clarín, en una suerte de devolución de favores que tan de moda están en estos días.
Esta decisión constituye un verdadero atropello a la democracia. El uso indiscriminado de Decretos de Necesidad y Urgencia muestra a las claras la impronta autoritaria que imprime a su gestión el presidente Macri y la complicidad mediática y judicial, que blinda los incontables avasallamientos a las instituciones y la Constitución Nacional.
La modificación fue anunciada por Peña en una rueda de prensa de Casa de Gobierno, de la que también participaron el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y Miguel de Godoy por la Afsca, en la que anunció el decreto de necesidad y urgencia que fusiona la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) con la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic).
Peña adelantó la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que presidirá Miguel Godoy, y que absorverá las funciones de la Afsca y de la Aftic.
«Por decisión del presidente Macri, desde mañana habrá una sola entidad que regule las comunicaciones que tendrá representación parlamentaria»
El jefe de Gabinete anunció además que el gobierno nacional impulsará la creación de una comisión bicameral en el Congreso que estudie la posibilidad de una nueva iniciativa que unifique la ley de servicios de comunicación audiovisual y la de tecnología e información.
«Mientras se dé el marco de discusión de una nueva ley, defenderemos y haremos que se cumplan» las actuales leyes, dijo Peña.
«Es importante que se dé un marco de discusión para una nueva ley que integre a ambas leyes, elimine contradicciones, y que todos los argentinos estén conectados y tengan una mayor pluralidad de voces», indicó.
Resulta impresindible recordar que la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, promulgada en 1980 por la dictadura militar y vigente desde entonces.
Su aprobación y reglamentación significó un cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales, abriendo y garantizando la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto como productores activos de la comunicación social.
Frente a este nuevo atropeyo del presidente Macri, la totalidad del arco sindical vinculado a la comunicación repudió el decreto de Mauricio Macri que resolvió la intervención de la AFSCA. Periodistas, trabajadores del cine y también trabajadores de la televisión expresaron su repudio a la decisión del flamante presidente.
“El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos expresa su más enérgico repudio a la intervención del AFSCA”, sostuvo la Comisión Directiva del SATSAID a través de un comunicado de prensa.
“La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual es un organismo descentralizado y autárquico regido por la Ley de Medios y su sola intervención implica la violación flagrante de dicha ley votada por el parlamento y consensuada con todas las organizaciones representativas de la comunicación audiovisual”, añadieron.
“Si la voluntad política del gobierno que ganó democráticamente las elecciones es modificar la ley debería hacerlo a través de los mecanismos constitucionales y no con decretos de necesidad y urgencia que se parecen más a una intervención policíaca del Estado”, agregaron los trabajadores de televisión.
Desde el Sindicato del cine, animación y medios también expresaron su repudio al “decretazo” que marcó la intervención de la AFSCA.
“Esta vez para avasallar, sin ningún tipo de disimulo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mediante la intervención de la AFSCA y la AFTIC, dos organismos que la regulan y hacen a su cumplimiento y cuyos directivos tienen mandato hasta el año 2017”, manifestaron desde el Sindicato del cine, animación y medios Prensa (SICA-APMA).
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) manifestaron su repudio al “decretazo” que marcó la intervención de la AFSCA. Además señalaron que la medida apunta a defender la concentración de los medios.
Por su parte, la CTA de Hugo Yasky comunicó que presentará un amparo judicial contra la intervención que el Gobierno nacional dispuso en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
