Durante una audiencia en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la capital estadounidense, representantes de las organizaciones miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática criticaron el decreto del Poder Ejecutivo, convalidado por el Congreso, que destruye la Ley de Medios Audiovisuales y fomenta la concentración de medios en manos de grupos monopólicos.
El grupo, de 18 entidades, sostuvo ante la CIDH que el desmantelamiento de la legislación representa la substitución “de un esquema participativo y multisectorial con otro de regulación y gestión puramente estatal que excluye a la sociedad civil”.
El titular del CELS, Horacio Verbitsky, denunció que “se han intervenido a las autoridades regulatorias que habían sido elegidas en proceso participativo. Fueron sacados por la policía y en su lugar sólo quedan como actores los grandes medios y el poder Ejecutivo”.
En tanto, en la audiencia, la representación del Estado justificó la decisión de impulsar una reforma de la ley. Durante la audiencia, el CELS presentó a las autoridades de la CIDH el siguiente petitorio:
1) Que inste al Estado a dejar sin efecto las normas que vulneran los derechos y principios establecidos por el sistema interamericano en materia de derecho a la comunicación.
2) Que requiera al Estado que se abstenga de adoptar normas generales o actos administrativos particulares que se aparten de los estándares del sistema interamericano, enfatizando el cumplimiento del principio de no regresividad.
3) En particular, que inste al Estado a respetar y garantizar los principios de pluralismo, diversidad y desconcentración.
4) Que requiera al Estado que los debates sobre nuevas normativas que pudieran promoverse cumplan con estándares de transparencia y participación a través de la convocatoria a audiencias públicas regionales con registro público. Que se convoque a participar a los medios comunitarios, pymes, universidades, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
5) Que requiera al Estado la continuidad en la implementación y adjudicación del Fondo de Promoción de Medios Comunitarios e Indígenas.
6) Que requiera al Estado que acepte el ofrecimiento de la RELE para asistir técnicamente en los procesos de adopción de políticas públicas sobre libertad expresión para garantizar los estándares interamericanos sobre democratización, pluralismo, diversidad, autonomía de los entes reguladores y reconocimiento de los tres sectores de la comunicación.
7) Que solicite al Estado que reciba en visita oficial al Relator Especial para la Libertad de Expresión.
8) Que proceda a la realización de un informe temático sobre el impacto de las modificaciones legales cuestionadas.
