Mauricio Macri y Héctor Magnetto
Clarín el conglomerado mediático más beneficiado por el macrismo.

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al ex director de la AFSCA Martín Sabbatella en la causa abierta en su contra por intentar adecuar de oficio al Grupo Clarín a la Ley de Medios, luego que el grupo realiuzara un sin fin de maniobras dilatorias.

“Esta causa no se tramitó en Tribunales sino en el Grupo Clarín. Es un invento con el que Magnetto, a través del juez Bonadío, pretende aleccionar a la dirigencia política para que nadie se atreva a tocar sus privilegios; para que a nadie se le ocurra nunca más cuestionar su dominio. Es una causa nacida y criada en el seno de la corporación mediática que hoy gobierna la Argentina junto a Macri”, opinó Martín Sabbatella.

Sabbatella fue procesado por el delito de abuso de autoridad y embargado por 100 mil pesos, junto a otras siete personas.

Se trata de una investigación por haberle dado desde la AFSCA al Grupo Clarín un trámite supuestamente diferencial en relación con los expedientes de adecuación de otras empresas.

Martín Sabbatella
Martín Sabbatella, ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual

“Descubrimos las trampas que Clarín le quería hacer a la ley de medios y actuamos de acuerdo a derecho, iniciando el proceso de adecuación tal como estaba establecido en la norma. Lo que ocurre es que en la Argentina donde hoy gobierna un tramposo, que esconde cuentas y sociedades offshore y que se enriquece a costa del dinero público, actuar de acuerdo a la ley es sancionado por jueces cómplices como Bonadío”, subrayó y recordó que “cuando el juez me citó a indagatoria, no me hizo ni una sola pregunta. Fue lógico; nunca le interesó la verdad, porque la causa no se basa en lo que efectivamente pasó sino en las necesidades que tienen Magnetto y Macri. Bonadío trabaja para ellos”.

El titular del Juzgado Federal n° 11 Claudio Bonadío procesó a Sabbatella, así como a otros 4 miembros del Directorio de AFSCA -Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle y Eduardo Rinesi- y los directores del organismo Sergio Zurano y Lorena De Filippo. La causa fue iniciada por el Grupo Clarín, luego de que se resolviera el inicio de la adecuación de oficio del multimedios, que se resistía a vender voluntariamente las licencias que excedían los límites establecidos en la ley 26.522.

Sabbatella consideró que “la decisión de Bonadío se enmarca en la persecución política, mediática y judicial contra el kirchnerismo”.

“La intención es mentir, mentir y mentir, para perseguir a los opositores, para proscribirnos y para esconder lo que hacen los verdaderos delincuentes que son quienes hoy gobiernan el país”, expresó el dirigente kirchnerista y agregó: “Este caso es solo un capítulo más del show mediático, judicial y político de persecución que montaron para saquear la Argentina, como lo hicieron en la dictadura y en los ’90”.

Respecto a la causa judicial, Sabbatella recordó que “desde 2009, en que se sancionó la nueva regulación para los servicios audiovisuales, Clarín se estuvo burlando de la ley 26.522, excediendo los límites fijados, con la complicidad de algunos jueces federales. Cuando la Corte Suprema avaló la constitucionalidad total de la llamada ley de medios, le exigimos al Grupo que se desprendiera de las licencias excedentes como lo estaban haciendo las otras empresas grandes.

Después de muchos años de resistencia y aprietes públicos de parte de Clarín, la entidad logró que el Grupo presentara un plan de adecuación voluntaria, en el que proponían dividirse en seis partes independientes. Desde AFSCA, aprobaron ese esquema porque estaba dentro de lo establecido en la ley, pero cuando trajeron los nombres de los integrantes de las nuevas sociedades, se desnudó la maniobra: las ventas eran ficticias y las supuestas partes independientes estaban todas conectadas entre sí, a través de sociedades en Panamá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Argentina.

Es decir: decían que vendían pero no vendían, decían que se dividían pero tampoco lo hacían. Fue entonces cuando se tomó la decisión, como establecía la ley, y comenzar el proceso previsto para adecuar de oficio a quien se resiste a hacerlo en forma voluntaria. “Por ese motivo, Bonadío nos procesa y embarga. Por hacer cumplir la ley”, concluyó.

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