Por Gabriel Eiriz
El sector de las cooperativas autogestionadas está en peligro hace años. Durante el macrismo fueron las grandes olvidadas y mantenían altas expectativas a partir del cambio de gobierno. Sin embargo, los sorprendió la pandemia y la situación se complicó mucho más.
El movimiento cooperativista reúne un universo de 80 mil trabajadores en todo el país. Solo 18 mil se desempeñan en las 400 cooperativas de trabajo devenidas del proceso de recuperación de empresas. La gran mayoría, no considerados servicios esenciales, están en la misma situación de vulnerabilidad que el resto de los actores que conforman la economía argentina. Tienen que mantener estructuras, pagar alquileres y servicios; y mantiene deudas con sus proveedores. La situación es complicada y hay alarmas en el sector.
Por esto, desde la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) -en la CTA de los Trabajadores- vienen reclamando al Gobierno nacional que los incluya entre los beneficiarios del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), herramienta administrada por el ministerio de Desarrollo Productivo, Economía, Trabajo y AFIP, que ya pagó parte del sueldo de más 2,3 millones de trabajadores registrados durante mayo y volverá a hacerlo el próximo mes. Se trata de una iniciativa que fue altamente valorada por todos los sectores y que no solo benefició a pequeñas y medianas empresas, también a las grandes y las muy grandes. Consultada por este medio, las autoridades de FACTA dijeron que apoyan al Gobierno de Fernández en todas las iniciativas que articuladas para paliar la crisis producida por la expansión del coronavirus, y hasta consideraron que los programas implementados para sostener la actividad económica están en el sentido correcto. Pero faltan las cooperativas.
El problema radica en que el ATP está pensado desde una cerrazón que hace parecer que el único trabajador que vale es el asalariado. Asisten al trabajo y la producción bajándole dinero solo a empresarios o dueños de comercios que no pueden asumir el compromiso de pagar el sueldo de sus empleados. Lo que desde una perspectiva productivista está más que bien y constituye un gran aporte en medio de la emergencia sanitaria. Sin embargo, no considera al trabajo autogestionado asociado en cooperativas como tal o tampoco como producción de bienes y servicios. Discrimina irracionalmente a este sector de la economía y los pone en un lugar de «segunda». Si se hubiera otorgado a este sector el programa ATP o uno similar pensado para las cooperativas, pagando uno o dos salarios mínimos a cada trabajador, habría permitido a las cooperativas atravesar esta crisis con algún grado de tranquilidad, algo que en estas condiciones es imposible habida cuenta que muchas corren peligro de desaparecer.
Otra etapa posterior podría incluir algún tipo de crédito a tasa subsidiada que permita a estas verdades empresas reabrir o retomar su producción, una vez que se flexibilice o termine el aislamiento obligatorio. Hasta donde supo PdN, se está por lanzar una línea de financiamiento a 12 meses con 3 de gracias y una tasa del 18% que si bien será de gran ayuda, no alcanza para salvar al cooperativismo.
Lo único que recibieron algunos cooperativistas fue el Ingreso Familiar de emergencia (IFE), de diez mil pesos. Se calcula que solo la mitad accedió al beneficio ya que muchos no reunían las condiciones exigidas por el gobierno. Para el caso, un trabajador o trabajadora cooperativa cuyo cónyuge percibe un salario registrado, no es pasible del beneficio.
Con todo esto, la única ayuda que les queda del Estado es una asistencia de $6500 denominada Línea 1 de trabajo autogestivo, que podrían percibirla por dos meses. Es decir, una miseria que no alcanza ni para para la olla.
En esa línea, desde la Federación de cooperativas (FACTA), reclaman una vez más, que las incluyan en los programas de asistencia, tal como se hace con el resto de los actores de la economía, aunque este viernes vence el plazo de inscripción.
Portal de Noticias intentó hablar con el ministro Matías Kulfas, pero no respondió los mensajes. Fuentes cercanas a Mario Cafiero, titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) sostuvieron que se viene trabajando con el sector cooperativo, con una gran militancia territorial y que se está dando la discusión hacia adentro, Pero por ahora no hay nada que haga pensar que finalmente se atenderá el reclamo y pareciera que la negativa es una decisión de orden político y señalan a Kulfas como el que debe agarrar el tema y solucionarlo.
Los trabajadores y representantes del sector cooperativista salieron en las últimas semanas a cuestionar el apoyo financiero que brindó el gobierno a empresas del tamaño del Grupo Techint o Clarín en medio de la pandemia del coronavirus.
Una vez más, es imperioso que se considere al cooperativismo con los mismos derechos y obligaciones que a el resto de los trabajadores.
El presidente Alberto Fernández pidió en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo que si en algún momento no hacía las cosas bien, se lo hicieran saber. Aquí, entonces un humilde aporte para que se repiensen algunas políticas.
