El impresario Nicolás Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri, también rajó del país como Susana Gimenez, pero antes, tramitó su ayuda del Estado, cobrará parte de su «salario» a través del programa ATP que otorga el gobierno de Alberto Fernández a través de la Anses.
El empresario, que se benefició con los tarifazos de Aranguren, figura entre los 100 fugadores de la era Macri y es una de las familias más ricas del país. Hoy se encuentra en Florida, Estados Unidos pero antes de viajar recibió el aporte estatal en su cuenta -se acreditó el pasado 15 de mayo-, como empleado de él mismo.
Caputo es uno de los hombres más ricos de la Argentina, su fortuna supera los 500 millones de dólares según la revista Forbes. Durante la era Macri fugó, según reveló el periodista Horacio Verbitsky, mañas de 2540 millones a través de su firma Migor, aunque bajo la nueva denominación IATEC.
Es preocupante que el Gobierno esté entregando subsidios a personas como Caputo, un megamillonario dueño de empresas energéticas, parques eólicos (curro al que accedió de la mano de Macri) y uno de los principales contratistas del gobierno porteño desde hace décadas. Afortunadamente, esta situación irregular se subsanó este lunes cuando el Gobierno decidió establecer un techo de 250.000 pesos para la ayuda estatal en el pago de salarios.
Las medidas fueron establecidas por medio de la Decisión Administrativa 887/2020 publicada en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Los funcionarios aceptaron las recomendaciones el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
El comité recomendó que no queden comprendidos como potenciales beneficiaros del Salario Complementario los trabajadores y trabajadoras cuya remuneración bruta devengada en el mes de marzo de 2020 -conforme las declaraciones juradas presentadas por el empleador- supere la suma de 250.000 pesos.
Por otro lado, se resolvió que el Estado también abone hasta el 50% de los trabajadores que están en situación de pluriempleo.
La segunda buena noticia del caso es que Nicky perdió sus condición de cónsul de Singapur en Argentina, status que le permitió abrir nuevos negocios durante el gobierno macrista. Así lo decidió la Cancillería Argentina en las última semana.
Poco tiempo atrás, su Grupo Mirgor, imitó los pasos de Techint y de Benito Roggio y dispuso más de 700 desvinculaciones en su planta de Río Grande, Tierra del Fuego.
A pesar de que el presidente Alberto Fernández ratificó que sería implacable contra los despidos en medio de la pandemia por el covid-19, la firma de Caputo decidió finalizar el vínculo laboral de 525 trabajadores contratados a plazo fijo y de otros 220 empleados contratados bajo la modalidad de PPD (Planta de Personal Discontinuos), entre operarios y supervisores.
Los contratos de los trabajadores finalizaban el 31 de marzo, en línea con la primera fecha dispuesta para el fin de la cuarentena obligatoria. Sin embargo, desde ASIMRA aseguran que se habían comprometido a extenderlos antes del brote y de las posteriores medidas tomadas a nivel nacional para evitar la propagación del virus.
«Repudiamos a las empresas por la situación crítica en la que nos encontramos», señaló en ese momento a medios locales el Secretario General del sindicato, Javier Escobar
