La Argentina no efectuó hoy el pago de intereses por 503 millones de dólares correspondientes a los bonos Global AA21, AA26 y AA46 vencidos el 22 de abril, e incurrió en un nuevo default, el noveno default en su historia. Ante esta situación el Gobierno decidió acelerar los tiempos para evitar demandas judiciales y sanciones, y alcanzar lo antes posible un acuerdo con los acreedores para reestructurar más de 66.000 millones de dólares.

Si bien el país venía de un default virtual desde el año pasado, cuando el gobierno macrista entregó el Estado quebrado al nuevo gobierno y sin posibilidades reales de cumplir con sus compromisos, el presidente Alberto Fernández fue claro en este punto, en esta oportunidad, las nuevas autoridades trabajan aceleradamente para que ese incumplimiento quede subsanado con la firma de un acuerdo con los acreedores que seduzca para lograr un acuerdo y así evitar el inicio de demandas judiciales contra el país.

Lo que quizá no pueda evitar es que las calificadoras de riesgo coloquen al país en default selectivo, aunque en el actual contexto de pandemia y crisis global tendrá pocas consecuencias.

En definitiva, si el Gobierno logra antes del 2 de junio un acuerdo con los bonistas -o avanza en el diálogo que haga presumir el cierre de las negociaciones- evitará que se activen la cláusula de «cross default», que habilita a todos los acreedores a reclamar el pago de la deuda total.

Sin embargo, para eso, los acreedores deberán conseguir al menos una coincidencia del 25%, cuestión que, por el momento, aparece muy lejana, pues los principales fondos de inversión dieron señales de estar en vías de un acercamiento.

Este jueves, el Ministerio de Economía emitió un documento por el cual anunció la extensión de las negociaciones hasta el 2 de junio, aunque admitió que el acuerdo podría alcanzarse antes de esa fecha o con posterioridad.

Ese mismo día, desde Santiago del Estero, el presidente Alberto Fernández, aseguró que la Argentina está en default «desde hace meses, desde antes de diciembre. Sólo que no lo escriben. Lo ocultan».

Por su lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, admitió que las negociaciones están en un «sendero positivo», pero advirtió que hay «una importante distancia» con el reclamo de los acreedores.

En el Palacio de Hacienda están preparando a toda marcha una nueva propuesta para presentar a la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC), luego de las tres contraofertas elaboradas por los bonistas.

Según trascendió en el mercado financiero, el Gobierno ofreció a los fondos un canje de 40 dólares por cada cien y los bonistas replicaron con un promedio que oscila entre 52 y 60 dólares.

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