El gobierno nacional presiona nuevamente para lograr la salida de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó luego de que se conociera su procesamiento por una supuesta administración fraudulenta en la compra de un edificio.
Uo de los primeros en manifestar su voluntad de eyectar a la jefa de los fiscales fue el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. Consideró «lógico» que la procuradora pida licencia «mientras resuelva su situación judicial» ya que «se crea una situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la Justicia en la Argentina».
Garavano no hizo el mismo pedido cuando Mauricio Macri asumió procesado.
Según el funcionario el gobierno nacional tiene «serios cuestionamientos por su desempeño», particularmente en «la lucha contra el narcotráfico y la corrupción».
«Más allá de las consideraciones políticas que uno pueda hacer por su militancia y su cercanía con la ex presidenta Cristina Kirchner».
Garavano insistió en que «se necesita una persona que tenga otro liderazgo» y que cuestionar a Gils Carbó «es una cuestión básicamente institucional».
En tanto, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso –para quien el presidente modificó la reglamentación de esa repartición para que asuma sin ser abogada– pidió directamente la renuncia de la Procuradora. «Una jefa de fiscales procesada por corrupción le hace más daño a la Justicia y al país», señaló en Twitter y agregó: «Su mejor opción es renunciar».
Mientras el gobierno vuelve a la carga con su intención de reemplazar a Gils Carbó, la defensa de la Procuradora aseguró que se trata de un “delito imaginario”. Así lo sostuvo su abogado, León Arslanián, en un breve comunicado.
«No nos sorprende, porque algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando. Nos produce estupor, porque se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública», sostuvo.
Señaló que el edificio adquirido tiene “condiciones económicas, arquitectónicas y funcionales más favorables que cualquier otro, y por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales”, y agregó que la compra del inmueble se realizó “sin que en la comisión que cobrasen los intermediarios pusiera un peso el Estado, ni fuera del conocimiento de aquélla».
