La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gilas Carbó ya sabe que más temprano que tarde, el presidente Mauricio Macri va a quitarle su cargo por un decreto que a todas luces será inconstitucional por las características de su cargo y por eso ya advirtió públicamente que no va a aceptar mansamente la adopción de esa medida.
“Sería un acto totalmente inválido. Si es necesario haría acciones judiciales. Habría una muy fuerte reacción de los organismos institucionales. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez porque expondría a los fiscales a que sean destituidos por decreto y a los ministros de la Corte”, indicó la funcionaria.
“En lo que a la Procuración respecta, esto empezó en noviembre de 2015, cuando el entonces candidato y ahora presidente decía que yo tenía que renunciar si asumía, desconociendo el claro texto constitucional que establece que el Ministerio Público es autónomo e independiente y que no tiene que retirarse cada vez que cambie el gobierno”, agregó.
Gils Carbó advirtió que sería “un escándalo” que el Gobierno intentara removerla de su cargo “al mejor estilo Nicolás Maduro”. “Existe un gran paralelismo entre lo que está pasándole a Luisa Ortega (la procuradora de Venezuela) y lo que me está pasando a mí. Maduro la quiere destituir por un modo contrario a la Constitución, lo mismo que me pasa a mi”, sostuvo.
Es que Macri ya tendría decidido echar a la procuradora Alejandra Gils Carbó por decreto, si el juez federal Julián Ercolini la procesa por irregularidades en la compra millonaria de un inmueble, una de las causas que investiga la bicameral de control del Ministerio Público del Congreso.
El gobierno echó mano de esa comisión al no poder avanzar por otros medios contra la procuradora. Pero esa comisión no tiene poder de acusación y depende de lo que el juez Ercolini pueda resolver en torno de esa causa.
Por otro lado, Gils Carbó reconoció su pertenencia al grupo de Justicia Legítima, al cual definió como “un grupo de magistrados y funcionarios judiciales progresistas en el ámbito de la justicia” y aclaró que “no tiene ninguna afiliación partidaria”.
“No soy militante de ningún partido, siento rechazo y desilusión cuando algún periodista me llama la enemiga del Gobierno. Es algo que se pretende instalar. No soy enemiga ni opositora, tengo que cumplir un rol que establece la Constitución que es defender los derechos de las personas y la Constitución”, agregó.
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