El bloque oficialista de la Cámara de Diputados tuvo que postergar durante una semana el tratamiento de la Ley de Responsabilidad Empresarial -conocida en la jerga política como “Ley Odebrecht”- luego de que la oposición vetara por inconstitucionales dos artículos de la iniciativa, lo que dejó al descubierto que lo que busca el gobierno es protección para sus amigos, empresarios y funcionarios salpicados por el escándalo de la constructora brasileña.
Luego que la ley tuviese aprobación en general, la oposición comenzó a formular duros cuestionamientos a los artículos en el debate particular, logrando modificar el contenido de algunos de ellos. Pero el artículo de la discordia es el número 37, que permite a los empresarios acusados confesar hechos ilícitos por vía administrativa y ante el procurador general del Tesoro.
Pareciera que esa disposición no tiene nada de extraño si no fuera porque el Procurador General del Tesoro es Bernardo Saravia Frías, el ex abogado de las empresas del Grupo Macri.
El contenido de este artículo fue introducido por órdenes directas del Ministro de Justicia Germán Garavano y por Laura Alonso con el objeto de que, para causas pasadas, los empresarios confiesen sus ilícitos para reducir condenas ante el procurador de Macri.
El temor del gobierno es que la documentación que esta en Brasil y que corroboraría de modo fehaciente la participación de muchos funcionarios en delitos de corrupción caiga en manos de jueces y fiscales a los que no ha podido cooptar (todavía…) y de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, que son los depositarios naturales de esa documentación comprometedora.
Otro de los artículos polémicos es el 5 que propone que los empresarios que declaren los delitos cometidos puedan, según los casos, ser exceptuados totalmente de las penas que les pudieran corresponder y continuar participando de obras previamente licitadas.
Como los rechazos eran respaldados por los diputados del FpV y del massismo que, sumados, son mayoría sobre Cambiemos, la diputada Elisa Carrió reclamó un cuarto intermedio hasta la semana que viene para evitar que esos artículos se caigan y con ellos todo el sentido de la ley redactada a la medida de los amigos del poder salpicados por el caso Odebrecht
