No hubo papeles, ni declaraciones, ni pruebas contundentes. Germán Garavano salió de su reunión con el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, con las manos vacías. Un grupo de corresponsales argentinos esperaban con expectativa que el funcionario argentino anunciara un acuerdo con la procuración norteamericana para que suministre información acerca de quiénes cobraron los sobornos pagados por la empresa Odebrecht para garantizarse el otorgamiento de obras públicas. Sin embargo, nada estuvo más alejado de la realidad. «Acá las cosas no funcionan como en la Argentina», deslizó en off uno de los miembros de la comitiva que viajó hasta Washington para exponer en el Woodrow Wilson International Center for Scholars sobre la iniciativa «Justicia 2020».

Para entender la frase del informante, hay que repasar su explicación: «Odebrecht suscribió un acuerdo con la fiscalía general de los Estados Unidos, por lo cual no sólo se comprometió a suministrar información sobre el pago de coimas, sino también a devolver parte del dinero malhabido (se habla de unos mil millones de dólares), pero ese acuerdo tiene cláusulas muy estrictas de confidencialidad que no pueden ser violadas de forma tan grosera porque se expondrían a que se caiga, y si se cae, la plata no vuelve…», detalló la fuente.

Sin embargo, todo indicaría que la comitiva argentina regresaría con un «premio sorpresa»: detalles aún no revelados de la denuncia que el fallecido financista Aldo Ducler presentó ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Garavano ya se reunió en Nueva York con un grupo de fiscales federales que investigó a la constructora brasileña, eje del «Lava Jato» que se ventila en Brasil, pero con implicancias en Argentina, donde la compañía aseguró haber pagado retornos del orden de los 35 millones de dólares entre 2007 y 2014. Antes de partir rumbo a Estados Unidos, Garavano les reclamó a los abogados de Odebrecht, a quienes les exigió que «le entreguen al Estado argentino el listado de quiénes recibieron sobornos» en el país para remitirlo «inmediatamente a la Justicia», en tanto que la compañía le entregó documentación referida a sus contratos locales de obra pública entre 2007 y 2014.

En el gobierno están desesperados por hacerse de esa información para acomodarla a sus necesidades, es decir, bajar el tono de cualquier cosa que comprometa al entorno íntimo del presidente y potenciar a los mencionados que pertenecieron al gobierno kirchnerista. Por ahora, la estrategia viene fracasando repetidamente. Garavano no consiguió que la procuración de los Estados Unidos le habilite ningún tipo de información.

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