El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, eligió el camino de la victimización, una actitud muy PRO en los últimos meses y denunció esta tarde una «campaña de desprestigio» en su contra, en medio de la críticas de sectores del Frente de Todos y el pedido de juicio político.
«Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos», escribió Rosenkrantz en un mensaje difundido esta tarde.
El titular del máximo tribunal realizó una declaración este lunes, tras un fin de semana de discusión entre oficialismo y la oposición a partir del pedido de juicio político que presentó la diputada nacional del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley por supuesto «por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones».
Rosenkrantz se quejó de que «distintas personalidades» le «atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza».
En una movida inusual, el presidente de la Corte Suprema rechazó las acusaciones de Siley y dijo que «son completamente infundadas», ya que no ha «incumplido deber funcional alguno».
Concretamente, el pedido fue presentado por la diputada oficialista Vanesa Siley, y nada tiene que ver con el vergonzoso fallo que firmó el magistrado el pasado martes al aceptar el per saltum de los jueces trasladados por el expresidente Macri a lugares estratégicos para perseguir a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner y a dirigentes del campo nacional y popular.
Fue la propia Siley la encargada de explicar que «El pedido lo hicimos el 25 de septiembre, cosa que es importante destacar, y tampoco buscamos que salga en los diarios ni lo publicamos en ningún lado».
La diputada oficialista subrayó que «son varias las causas» sobre las que se cimienta el pedido de juicio político contra Rosenkrantz, en particular su accionar respecto «a los 2×1 entregado a represores de la última dictadura».
«Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ´Muiña´, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el ´2×1´ (tanto en «Muiña» como en «Batalla») encuentran su apoyo en la Constitución Argentina», dijo el cortesano.
La acusación de la legisladora también versa sobre otra causa donde se investiga el apagón que se produjo en la dictadura militar en el pueblo de General San Martín, en Jujuy, y donde se dictó la falta de mérito del empresario Carlos Blaquier y Alberto Lemos.
«La acusación relativa a mis vínculos ´explícitos´ con la familia Blaquier basada en que mi esposa integra una junta directiva en una ONG sin fines de lucro dedicada a brindar becas a estudiantes secundarios de bajos recursos con alguien que sería el sobrino del imputado es completamente absurda», reprochó el presidente de la Corte.
A raíz de denuncias de esa índole, el juez informó que convocó para el jueves a una reunión de comisión interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad la cual, según recordó, no se reúne desde 2016.
«La promoción del juicio político también menciona imprecisamente presuntos conflictos de intereses que supuestamente me obligaban a excusarme en distintos casos. Nunca intervine en una causa en la que tuviera obligación alguna de excusarme», dijo el supremo.
«La diputada cuestiona mi intervención en el expediente ´Amelong´, señala que mi postura priorizó indebidamente la situación de condenados por lesa humanidad. Menciona que se trató de una ‘decisión inexplicable jurídicamente y absolutamente arbitraria y discrecional’ porque durante la feria extraordinaria en virtud de la pandemia resolví unipersonalmente como juez de feria que no correspondía habilitar la feria para tratar ese caso pero habilité unilateralmente que el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario revisase si era procedente el otorgamiento de la prisión domiciliaria por ser el peticionante paciente de riesgo por ser grupo de riesgo en el marco de la pandemia», se explayó, y recordó que en todos los casos adoptó la misma postura.
