Roberto Ratti Merchante, gerente general de APYME; Eduardo Fernández, presidente; Juan José Sisca, secretario; Julián Moreno, vicepresidente.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) advirtió en un documento que los 10 puntos del acuerdo que promueve el gobierno nacional constituyen un certificado para la continuidad y profundización de las políticas de desregulación, endeudamiento y ajuste que condujeron a la actual crisis. Según se quejaron, «no se nombran la industria, las Pymes, el trabajo, la producción, la Ciencia y Técnica, como tampoco la salud ni la educación».

Los puntos del acuerdo están destinados a garantizar políticas acordes con las necesidades de los acreedores internacionales y los grandes conglomerados locales, desoyendo los reclamos de los amplios sectores productivos y sociales perjudicados por el modelo en curso. No es casual que se busque el aval de quienes a lo largo de los últimos tres años convalidaron medidas y leyes que dejaron afuera a las Pymes, el trabajo, la industria nacional y las economías regionales.

NO a los acuerdos de espaldas a la sociedad, el trabajo y la producción nacional

Era previsible el entusiasta apoyo del Grupo de los Seis, puesto que el acuerdo vuelve sobre el concepto de “seguridad jurídica”, que expresa el exclusivo resguardo de los intereses que ese grupo representa, las grandes corporaciones y los especuladores locales y globales.

Es lamentable que alguna entidad empresaria que se proclama representante de las Pymes haya hecho suyo este decálogo, anteponiendo la defensa de los intereses de los acreedores externos y la concentración económica a las urgentes necesidades de las Pymes y las economías locales.

En contraposición con ese decálogo para el ajuste, la desindustrialización y la subordinación al capital financiero, desde APYME sostenemos y proponemos el debate de una agenda Mipyme, productiva y social que promueve un estado activo, el desarrollo de las Pymes, de la industria nacional y las economías regionales, el fomento del mercado interno, la accesibilidad y la orientación productiva del crédito, un régimen impositivo progresivo, la regulación de grandes cadenas comerciales y formadores de precios, entre otros puntos.

Ese debate debe darse sin dejar de accionar por la emergencia Mipyme, social y laboral, cuando están cerrando más de 40 Pymes por día y cada mes se pierden 15.000 empleo.

Estamos convencidos de que esta tarea debe realizarse en confluencia con la representación de los trabajadores, los cooperativistas, la economía social, los profesionales, los estudiantes, los científicos y todos los perjudicados por el actual modelo, a fin de revertir las políticas en curso y sentar las bases para la construcción de un país desarrollado, justo, solidario y soberano, que posibilite una vida digna a todos sus habitantes.

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