Desde diciembre de 2015 Argentina se transformó en un estado policial de frontera, con la cuestionada gendarme como fuerza de choque y garantía para frenar la ola de latinoamericanos que buscan llegar a nuestro país. Donald Trump, un poroto.
El Decreto 70/2017, firmado por el presidente Macri con el fin de acelerar la expulsión de extranjeros acusados de la comisión de delitos (comprobados o no) busca atajos para expulsar extranjeros, ya que no solo prevé deportaciones para inmigrantes con pedidos de captura internacional y acusados de delitos graves como narcotráfico o trata de personas, sino que básicamente apunta a cualquier inmigrante con tan solo un procesamiento firme o su equivalente en las Justicias provinciales. En resumen: sin condena firme.
Según datos oficiales publicados en el portal ultraoficialista Infobae, en 2015 solo hubo dos inmigrantes deportados del país, mientras que un año después, ya con Macri en la Casa Rosada, el número escaló a 33. En tanto, en lo que va de 2017 ya son 65 los extranjeros expulsados de la Argentina en relación a la presunta comisión de delitos: la cifra representa el 3.150% en dos años.
Sin embargo, la cifra es mucho más alta, ya que el dato no incluye a ciudadanos expulsados por situaciones migratorias irregulares.
Además, la Justicia avaló el avance sobre los derechos de los inmigrantes dentro de nuestro país, ya que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 a cargo del juez Ernesto Marinelli rechazó la impugnación del drecreto que había presentado el CELS.
Más datos: el Servicio Penitenciario Federal cuenta con 2.342 extranjeros en sus cárceles de todo el país, de acuerdo con datos del organismo actualizados al 31 de diciembre de 2016; 1.584 de esos internos están procesados y 758 tienen una condena. .
