Finalmente se consumó el golpe de estado parlamentario en Brasil. El senado destituyó definitivamente de la presidencia a Dilma Rousseff por 61 votos favorables contra 20 negativos.
Dilma fue acusada de corrupción y concretó su apartamiento de forma permanente y no podrá presentarse a nuevas elecciones presidenciales hasta dentro de ocho años.
La votación final sobre el juicio político fue separada en dos rondas, una para decidir sobre la destitución de la mandataria, y otra sobre la inhabilitación política por un lapso de ocho años.
En una primera votación, el pleno del Senado decidió destituir a Rousseff y posteriormente, en el sufragio sobre su actuación política, 42 senadores se manifestaron en favor de la inhabilitación, 36 en contra y tres se abstuvieron.
En este contexto, Dilma Rousseff no fue inhabilitada políticamente, debido a que no se obtuvieron los dos tercios necesarios de apoyo para la aprobación de mla medida.
Ahora Michel Temer (a quien desde este Portal no denominaremos presidente, por entender que es un usurpador del gobierno brasileño) completará el mandato de Dilma hasta enero de 2018.
Temer es ampliamente repudiado por la población brasileña. Las más recientes encuestas y consultas de opinión le asignan entre un 13 y un 15 por ciento de aceptación, lo cual da cuenta del rechazo que genera.
El sinsentido se pone de manifiesto de manera dramática en la vida política de Brasil, toda vez que una presidenta que alcanzó la relección con 54 millones de votos que conforman un mandato popular incuestionable es apartada del poder por apenas 60 votos parlamentarios.
Un puñado de senadores, todos acusados y muchos de ellos con condenas firmes por delitos de diversa índole pero en su mayoría relacionados con las coimas y el blanqueo de dinero, echó por tierra la voluntad de millones de brasileños.
Movimientos sociales y políticos, activistas y sectores de la sociedad civil acusan al líder del centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de golpista.
Pero Temer también es calificado como un dirigfente político retrógrado, por echar marcha atrás todas las reivindicaciones sociales alcanzadas por los sectores más desfavorecidos, políticas que habían refrendado los líderes del Partido de los Trabajadores, primero con los dos mandatos de Luiz Inácio Lula Da Silva y luego con Dilma Rousseff.
El abogado de defensa de Rousseff, José Eduardo Cardozo, calificó el proceso judicial como “una gran farsa” y un golpe contra la democracia.
Durante el proceso, incluso se filtraron grabaciones secretas en las que se desprendía la premisa de que el impeachment solo fue un intento de frenar las investigaciones del megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras que golpeó tanto al partido de Rousseff como al de Temer.
Hay que resolver esa mierda. Hay que cambiar el gobierno para cortar esta sangría”, afirmaba en las grabaciones el exministro de Planificación, Romero Jucá, que debió renunciar tras revelarse el audio.
El entonces ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, también cayó tras otra filtración en la que se evidenciaba que criticaba la investigación de la corrupción en Petrobras.
Aunque la defensa de Rousseff solicitó a la comisión del Senado incluir tales grabaciones entre las pruebas a ser analizadas para demostrar que el impeachmet carecía de fundamento, el senador Antonio Anastasia (encargado de elaborar el informe final y favorable al impeachment) rechazó el pedido y consideró los hechos “ajenos al objeto del proceso”.
