El oficialismo aprobó anoche en el Senado y giró a Diputados el proyecto de reforma del Ministerio Público que flexibiliza la designación del procurador General de la Nación y reconoció que buscará remover al jefe de los fiscales interino, Eduardo Casal.
La iniciativa impulsada por el Frente de Todos fue aprobada con 42 votos a favor y 27 en contra por parte de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, que consideraron que la reforma permitirá reemplazar al procurador interino con el voto de la Comisión Bicameral de Ministerio Público del Congreso y le dará «mayor control al oficialismo de turno».
La principal reforma a la Ley del Ministerio Público modifica las mayorías para designar al jefe de los fiscales. En la actualidad, se concreta con el voto de los dos tercios de los presentes en la Cámara Alta, mientras que con el cambio que deberá ahora debatir Diputados se necesita sólo mayoría absoluta.
La bancada oficialista justificó la baja de la mayoría para elegir al procurador con la eliminación del mandato vitalicio que rige actualmente, mientras aseguró que la situación de la Procuración es «irregular» y afirmó que «no se trata de Rafecas sí o Rafecas no, se trata de Casal sí o Casal no».
El pliego de Rafecas permanece sin ser debatido en el seno de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta.
El proyecto aprobado anoche también establece que la postulación y designación del candidato no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elija presidente de la Nación.
Asimismo, se establece que el procurador dura en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con nuevo acuerdo del Senado.
Por otro lado, el Procurador General de la Nación al momento de su designación no podrá superar los 75 años de edad.
El proyecto también dispone que el procurador sólo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones.
En ese caso, para la acusación ante el Senado de la Nación, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, en tanto que para la remoción se necesitan los votos de los dos tercios.
No obstante, el Senado podrá suspender al procurador, mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
