Causa peajes: Vialidad y la UIF fueron aceptadas como querellantes

Se trata de la investigación por presuntas irregularidades del gobierno de Macri en las concesiones de la Panamericana y Ausol. Ambos organismos impulsarán la causa.

Luego que la Cámara Federal Porteña, encabezada por los jueces afines al macrismo Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, anuló los procesamientos que había dictado el juez Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse, al exministro de Transporte Guillermo Dietrich; de Hacienda, Nicolas Dujovne; Javier Iguacel, extitular de Vialidad y Bernardo Saravia Frías, por entonces Procurador del Tesoro; el Estado se presentó como querellante a través de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional y la Unidad de Información Financiera (UIF) en la investigación que ahora lleva adelante el juez Julián Ercolini, para impulsar la causa por presuntas irregularidades en las concesiones de la Panamericana y Ausol, durante la gestión de Mauricio Macri. Hoy, ambos organismos fueron aceptados por el magistrado que subroga el Juzgado de Instrucción Número 6.

El trámite judicial investiga a los funcionarios del gobierno macrista por dolarizar una deuda que estaba pesificada. También se intenta probar si los exfuncionarios cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión por decreto, pese a que las firmas Ausol y el Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.

Según la denuncia formulada agosto de 2019 por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, para avanzar con la negociación irregular se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios. Es decir, había funcionarios en ambos lados del mostrador. Por entonces, la acción de AUSOL valía $3 y luego de todo el proceso se disparó a $75.

«A tres días de asumir Macri la presidencia del país, Ausol presentó un reclamo ante el CIADI por supuestos incumplimientos por parte del Estado. Como el procurador Carlos Balbin defendió los intereses nacionales en esa demanda, Macri lo desplazó y colocó a su amigo Bernardo Saravia Frías. Unos meses después les pagó el equivalente a lo que cuesta construir mil jardines de infantes a sus amigos y ex socios (hasta 2017 Sideco tenía acciones en Ausol) por un reclamo que no solo no tenía ninguna chance de prosperar en el CIADI, sino que era totalmente improcedente por los innumerables incumplimientos contractuales en los que incurrió Ausol, tal cual lo demostraron informes del Occovi que en noviembre presenté a la Justicia en la causa que investiga el juez Canicoba Corral», había explicado Tailhade a Portal de Noticias en enero de este año.



Ahora, en declaraciones a este medio, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis dijo: «Estamos colaborando con la Justicia, pero ahora vamos a impulsar como querellantes esta causa para que se investigue hasta las últimas consecuencias la comisión de posibles delitos».

«Desde el gobierno nacional mantenemos la misma posición desde que asumimos en diciembre: defender con todas las herramientas a nuestro alcance el patrimonio de todos los argentinos», dijo.

La resolución firmada hoy por Ercolini sostiene: “Autorizase a los letrados nombrados en el punto VIII de la presentación, a que en forma conjunta, alternada e indistinta, puedan presentarse en la causa a efectos de solicitar medidas o diligencias en la causa, las que serán resueltas en cada oportunidad”.

La Dirección de Vialidad Nacional, que depende la cartera que conduce Katopodis, quiere saber si hubo un perjuicio al Estado con la renegociación de los contratos por decreto, hasta el año 2030, de las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, donde Sideco, la empresa insignia de la familia Macri, era accionista cuando se renegociaron los contratos. En tanto, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la UIF, busca que se investigue posibles maniobras de lavado de activos.


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