La Legislatura porteña aprobó hoy la ley Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad, por la que se le otorgan al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta superpoderes como la «ilimitada» reasignación de partidas y la revisión de contratos de bienes y servicios para afrontar lacrisis derivada de la pandemia de coronavirus.
La Legislatura porteña aprobó hoy la ley Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad, por la que se le otorgan al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta superpoderes como la «ilimitada» reasignación de partidas y la revisión de contratos de bienes y servicios para afrontar lacrisis derivada de la pandemia de coronavirus.
La iniciativa fue aprobada con 38 votos positivos de los bloques de Vamos Juntos, Partido Socialista, UCR-Evolución, Consenso Federal y GEN en una una sesión mixta -virtual y presencial. En tanto, 21 diputados del Frente de Todos, Autodeterminación y Libertad, y del Frente de Izquierda votaron en contra del proyecto.
La iniciativa había sido enviado a la Legislatura hace dos semanas desde el Poder Ejecutivo y, durante su tratamiento en la Comisión de Presupuesto, recibió señalamientos de bloques opositores y aliados, dilatando su tratamiento y haciendo peligrar su aprobación, lo que derivó en una serie de modificaciones.
El punto más polémico del proyecto original era el que facultaba al gobierno de Rodríguez Larreta a escalonar el pago de los salarios de los trabajadores del Estado local ante una virtual falta de liquidez en las cuentas públicas.
En ese sentido, Claudio Romero (Vamos Juntos) calificó a esa idea como un “error” que fue “subsanado”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto dijo que fue el propio Jefe de Gobierno quién decidió “retirar el escalonamiento que trajo mucha zozobra” y estimó que cuando se comete “algún que otro error” si se “puede enmendar, no es trágico, sino que habla de la grandeza de haber reconocido que podemos mejorar”.
Sin embargo, desde los partidos opositores señalaron que la ley nada dice de los contratos de locación de servicio, lo que pone en riesgo potencial a “cerca de 18 mil trabajadores”.
También se criticó de manera reiterada que, ante la posibilidad de reasignar partidas por encima de lo indicado en el marco normativo, no existieran mayores controles parlamentarios.
La creación de una comisión especial de seguimiento de la redistribución de fondos es -a los ojos de la oposición- “pomposa”, burocrática e insuficiente.
Sobre ese punto, Cecilia Segura (Frente de Todos) señaló que la estructura de ese organismo pone la mayoría y la presidencia a manos del oficialismo y que se corre riesgo de “que termine siendo una comisión de convalidación de la impunidad”.
La eliminación del tope del 5% para redireccionar partidas también fue criticada por su compañero de bancada, Javier Andrade, quien señaló que, por ejemplo, la Ley de Emergencia Nacional votada en diciembre último ponía un tope del 7,5%.
El Frente de Todos explicó su rechazo a la norma no sólo en la “discrecionalidad absoluta” para el manejo de fondos sino que especialmente criticó la falta de políticas económicas que apuntaran a fortalecer a sectores vulnerables, a sectores medios de la ciudadanía porteña y a las PyMEs.
Andrade dijo además que esta crisis puso en evidencia otras carencias “estructurales” generadas por el “macrismo”, cómo “la pérdida de 500 camas de internación que ahora se está trabajando para recuperar”.
También se destacaron las críticas a la concentración de todos los ingresos en una cuenta pública unificada y en el redireccionamiento de los fondos del juego que se destinan al Instituto de la Vivienda hacia otras áreas sensibles.
“Los que votan esta ley lo están haciendo para que no haya agua en las villas de la Ciudad”, disparó Gabriel Solano (FIT-PO) quién además apuntó contra la precarización de los salarios, especialmente los del personal de salud, quienes afrontan la pandemia “sin los equipamientos de protección” necesarios.
Al momento de presentar el proyecto, el ministro de Economía porteño, Martín Mura, había dimensionado la crisis de recaudación con una caída estimada de 80.000 millones de pesos.
La norma aprobada podrá ser aplicada hasta el 31 de diciembre de este año y alcanza a los tres poderes del Estado porteño.
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