La Cámara de Apelaciones en los Comercial remitió este miércoles el expediente de la causa por el concurso de Correo Argentino SA a la Corte Suprema y dispuso la intervención de la empresa con la que la familia del presidente Mauricio Macri manejó el correo tras su privatización durante la década del ’90 y hasta su estatización en el gobierno de Néstor Kirchner.

Es la causa que involucra a la familia Macri y que va en paralelo a la causa penal que se abrió tras el intento del gobierno macrista de condonar una deuda calculada en más de 70 mil millones de pesos a su propia familia.

La Sala B de la Cámara de Apelaciones resolvió remitir el expediente al máximo tribunal por razones de «gravedad institucional«, que no tiene plazo para resolver si acepta o no tomar a su cargo en esta instancia la causa.

La medida judicial se adoptó en simultáneo con la decisión de la jueza del mismo fuero Marta Cirulli, quien dispuso designar a un coadministrador del Correo Argentino SA ante un «reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal impensable».

Este coadministrador, deberá presentar informes cada 30 días, ante lo que calificó como «renuencia informativa» de los responsables de la empresa.

En 2017 la fiscal Gabriela Boquín, tras una exhaustiva investigacón judicial, había pedido al juzgado interviniente la intervención y desplazmaiento de todos los funcionarios de la empresa y designar nuevos interventor y auditores para el control de la quiebra.

Sin embargo, de acuerdo con los datos que publica Ari Lijalad en ElDestape, la jueza Cirulli optó por el mal menor, designando a un co-administrador, funcionario cuyo nombre aún se desconoce junto a las mismas sindicaturas que están imputadas junto a la jueza por el vaciamiento de la empresa.

Es que ambas partes, la jueza Cirulli y los síndicos que aun siguen en funciones, fueron denunciados e imputados en una causa penal que instruye el juez Ariel Lijo por vaciamiento de empresa.

La jueza debería haberse excusado de seguir interviniendo en la causa a raíz de ese procesamiento, algo que rechazó de plano cuando le fue solicitado y ahora dispone estas medidas que son algo así como el zorro cuidando al gallinero.

Siguen en funciones las mismas personas que durante mas de 4 años demoraron la entrega de los informes solicitados, ocultaron información y también una deuda paralela por un presunto ingreso por alquiler de 18 mil dólares mensuales desde 2012 en adelante, que al cambio actual del dólar equivale a mas de 60 millones de pesos de pasivo oculto.

Ese canon dejó de pagarse en 2014 y nunca más fue facturado desde 2016. Una maniobra muy habitual para mover dinero de manera ilegal entre un grupo empresario.

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