“A todas luces, sin duda el hecho constituye un avasallamiento a la Libertad de Expresión por parte de un sector de la Justicia Argentina condicionada por sus mandantes, el poder económico-mediático, al tiempo que representa un acto intimidatorio para el resto del periodismo independiente, a fin de disciplinario en consonancia con el discurso único que sostiene el actual modelo económico vigente”, expresa el comunicado publicado este lunes por Cadypba.

La entidad, además señala que “En el caso de los medios gráficos locales, dicho acto, se suma a la situación de ahogo económico al que nuestros medios se encuentran sometidos en el último tiempo, a raíz de la caída de las ventas de ejemplares y de los espacios de publicidad (únicos ingresos genuinos de un medio gráfico), como consecuencia de la destrucción del mercado interno y por ende de la actividad económica en cada una de las ciudades donde desarrollamos la actividad periodística”.

Asimismo, Cadypba denuncia el “cierre, discontinuidad o reducción de pliegos impresos de varias publicaciones locales con muchos años de vigencia en territorio bonaerense, y de otras que están al borde de desaparecer, acorralados por los tarifazos; los embargos de sus cuentas bancarias por parte de la AFIP; o por las intimaciones de Arba, además de estar discriminados de la pauta oficial tanto de los gobiernos, nacional y de la provincia de Buenos Aires, implicando todo ello un serio daño a la Libertad de informar, y al derecho de los ciudadanos a informarse a través de su medio local, situación ésta que ni siquiera sucedió durante la crisis de 2001”.

Por último, Cadypba reclama a las autoridades nacionales y provinciales, “cesar con la persecución política y judicial a periodistas y comunicadores que se expresan críticamente sobre los gobiernos de turno, y en forma urgente, antes que sea demasiado tarde, revertir las políticas de ajuste que tanto daño están haciendo al pueblo argentino”, finaliza el comunicado, que firman su presidente, Jorge Déboli, el vice de la entidad, José Cáceres, y el secretario, Guillermo Fossaluzza.

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