El caso del manejo del fallo de la Corte Suprema sobre el 2×1 y luego el del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, acusado de haber cobrado coimas, son dos ejemplos que se suman a tantos otros que en eeste primer tramo de gestión sirvieron sólo para desgaste del Gobierno, por la gravedad de ambas situaciones en sí mismas, pero sobre todo por las dudas y dilaciones que son las que contribuyen a que la pelota se meta en el arco propio.
Si por ser tan recientes se toman sólo estos dos complicados episodios como ejemplos de tantas cosas que han sucedido durante la gestión Macri, se observa siempre una misma matriz: sorpresa inicial y ante ese primer desconcierto, metidas de pata y ante la evidencia del traspié, silencio. Y mientras tanto, se busca de apuro pulsar a la opinión pública para ver qué piensa. Y recién entonces se actúa y, si cabe (casi siempre), se retrocede. Esta es una secuencia objetiva que se viene repitiendo invariablemente desde hace 17 meses en casi todos los rubros. Son demasiados goles en contra.
«¿Es Jaime (Durán Barba)? ¿Es Marquitos (Peña)? ¿Es la atomización del Gabinete? ¿Es que somos minoría en el Congreso? ¿Soy yo?» bien pudo haberse preguntado Macri durante su largo viaje a China. ¿O es que acaso el actual gobierno, que tiene muchos economistas dispersos que, pese a todo, se esfuerzan por lucir coordinados en tiempos de lobbies empresarios bien fuertes y de duros tironeos de la manta corta (situación fiscal, tasas de interés, tipo de cambio, nivel de actividad), dispone de muy pocos operadores políticos hábiles y ninguno judicial de fuste?, se podría agregar.
Desde afuera (y desde abajo) se observa que hay de todo un poco, pero que en primer lugar está el tremendo desapego y la falta de convicciones de casi toda la clase dirigente argentina por «dirigir gente»; más bien hay amor por ponerse detrás, algo que el macrismo adorador de encuestas y de las redes sociales ha exacerbado al máximo. «Somos aún demasiado pichis, ¿por qué no mejoramos?», quizás reflexionó el Presidente haciendo propósito de enmienda y reconociendo los problemas, primer escalón de la solución, dicen los sicólogos.
Mientras tanto, lejos de estas preocupaciones que le deberían servir a Macri para ordenar los 31 meses de gobierno que le faltan y mucho más de lejos aún de quienes todos los días salen a correr el mango (tesis Durán Barba), la Argentina del «círculo rojo» quiere saber hoy cómo van a terminar estas dos cuestiones de fondo.
En octubre llegarán las elecciones y desde afuera (y desde adentro) en el gobierno se esperaba hasta hace unos días nomás, a partir de la calle que construyó el Gobierno el 1 de abril y sin estos líos tan estruendosos ni el contrapeso de la marcha de la última semana, una ratificación del rumbo por parte del electorado, para apostarle unas fichas más a la Argentina. Ahora, está todo mucho más entre paréntesis, aunque la pelota tiene mucho por rodar aún.
El fallo de la Corte es el caso que más bemoles tiene por sus implicancias judiciales, políticas y por la sensibilidad de mucha gente, pero el de Arribas es el tema políticamente más crítico porque apunta directamente al mentón de Macri. Además, porque es su amigo y porque ocupa una posición más que delicada en cualquier gobierno, ya que por designación directa del Presidente supervisa el delicado mundo de los espías.
Un «doleiro» brasileño (cuevero) que pagaba coimas para Odebrecht acaba de declarar en una de las derivaciones locales de la causa del «Lava Jato» que él mismo le giró no 600 mil dólares como decía la primera denuncia contra Arribas o los 70.475 que él mismo reconoció a partir de la venta de bienes muebles en Brasil, sino 10 transferencias por 850 mil dólares como producto de «pagamentos de propinas (coimas)». Dijo que no recordaba bien porque había manejado unas 4 mil transferencias, pero que en los Tribunales en Brasil, están todos los datos. La causa local, que había sido cerrada hace diez días, tomó vuelo otra vez.
¿Qué dice Arribas? Que no es así, que no era funcionario público en los tiempos en que vivía en el exterior, que se trata de una extorsión debido a su posición actual y que esa denuncia contra él busca desestabilizar al Gobierno. Las sospechas apuntan a que en aquellos tiempos fue intermediario en el caso de dos obras que tenía en curso Odebrecht en la Argentina en pleno gobierno kirchnerista, una planta potabilizadora de AYSA en el Tigre, conocida como «Paraná de las Palmas» y, por supuesto, las del soterramiento del Sarmiento.
Es todo muy vidrioso aunque pronto puede surgir la punta que ayude a desentrañar no sólo esta operación tan crítica para el Gobierno sino todo lo que está atrás de los 35 millones de dólares que Odebrecht reconoció haber pagado en coimas en la Argentina.
La semana pasada, la filial local de la constructora propuso suministrar «la identidad» de los supuestos autores de los delitos de pago y cobro de sobornos, tal como se comprometió a hacerlo en Brasil en relación a sus negocios en otros países.
Los abogados de Odebrecht solicitaron avanzar en un «acuerdo» con la Procuración, en el marco de lo que establece la Ley argentina de «delación premiada», para «colaborar» con las investigaciones en al menos tres juzgados, por lo que los fiscales ya le están pidiendo a su jefa, Alejandra Gils Carbó, instrucciones para avanzar en la cuestión.
Y si Arribas fue intermediario, lo insólito sería que, para intentar ponerle una tapa a la cuestión, ahora todos se hayan convertido en aliados.
De allí, la necesidad que tiene el Gobierno de transparentar el dilema con cierta rapidez, antes de que la oposición lo corte en pedacitos a Arribas y con él a Macri. «Hablé con el Presidente y los dos estamos totalmente de acuerdo en que esta investigación debe avanzar hasta el final», dijo la diputada Elisa Carrió, quien había denunciado al jefe de los espías. Otra denunciante, la ahora integrante de Cambiemos, Graciela Ocaña, recordó el caso del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, como un antecedente de apartamiento más que válido.
En cuanto a la reacción ante la sentencia de la Corte, el Gobierno cumplió todos los pasos del rito macrista de acomodar la defensa en la cancha siempre de la misma manera, en línea y con los perfiles cambiados. Así, no logró salir indemne del entuerto del fallo porque se dejó arrastrar por la ola hasta que, como pudo, logró corregir algunos defectos sobre la marcha. Más allá de un primer apoyo de circunstancias que hizo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el Gobierno quedó tan enredado que, salvo manotazos de algunos legisladores (Federico Pinedo, Pablo Tonelli, Emilio Monzó) para acomodar algo la situación desde el Congreso, perdió la iniciativa en todos los demás planos.
El miedo a la calle paralizó al Gobierno y aún sin tener que concordar con la sentencia no unánime no fue capaz de poner las cosas en un término más equidistante. Desde el discurso, calló demasiado y toleró que cualquiera dijese cualquier cosa contra el fallo y contra los jueces que lo emitieron. Y si hasta se les pidió juicio político a los magistrados y un fiscal los acusó de prevaricato, cómo la gente del común, sin entender nada de derecho (incluidos muchos periodistas creídos que las opiniones valen más por demagógicas que por ilustradas), no iba a crucificarlos.
La honestidad intelectual y jurídica de los jueces sólo fue defendida por los académicos del rubro, mientras que el Gobierno no pudo, no supo o no quiso contrarrestar nada de lo que se dijo jugando una opinión propia de peso y apenas hizo tiempo y se allanó a la estrategia de no contradecir, aun guardándose algunos principios que finalmente hacen al cambio que pregona. Silencios y más silencios.
Ni siquiera intentó rebatir la acusación de haber prohijado el fallo que, por «agradecimiento», dijo la oposición regimentada, emitieron Elena Higthon de Nolasco, una jueza que está en la Corte todavía pese a su edad porque el Gobierno no dijo nada cuando cumplió 75 años y los dos jueces que «Macri nombró», tras aquel célebre primer blooper cuando pretendió designarlos por Decreto. Tampoco tuvo la lucidez política de hacer notar que, si bien ambos fueron propuestos por el Ejecutivo, el «nombramiento» de Horacio Rosatti y de Carlos Rosencrantz lo hizo el Senado.
Hasta podría haber argumentado que la Corte falló como falló porque existe un bache legal en la meneada Ley del 2×1 que no considera los delitos de lesa humanidad porque mientras rigió se transitaban los tiempos de vigencia de la Obediencia Debida y el Punto Final.
Entonces, ya con el vendaval a cuestas, Cambiemos en pleno se sumó al supuesto consenso, corrió detrás de los acontecimientos y, en su tibieza, hasta avaló el apuro del Congreso sólo procurando atenuar (y lo logró) los palos que creía que iba a recibir en la masiva marcha del miércoles. Pudo hasta haber usado la turbación política que le produjo el fallo como una prueba de su ignorancia y, por ende, de su distancia con el Poder Judicial y no supo cómo decirlo.
Es evidente que el gobierno vive en una encerrona que lo mantiene constantemente en offside. No sabe, no puede o no quiere abrir los ojos y reaccionar políticamente por el fenomenal temor a la opinión pública. Alguno podría afirmar que es un gobierno verde (no en el sentido ecológico de la palabra) sin la preparación suficiente para administrar un país y hacerse cargo de las decisiones que toma. Seguiremos esperando que maduren.
El 2×1 cayo como si Rosemcrantz hubiese negado el holocausto.