El Tribunal Supremo de Estados Unidos manifestó sus divisiones durante una evaluación para determinar si los inmigrantes ilegales pueden estar detenidos indefinidamente sin un debido proceso o si debe fijarse un límite a su reclusión, en un fallo que tendrá un impacto clave en el futuro gobierno de Donald Trump.
Los cuatro miembros más progresistas del tribunal apoyaron la petición de los inmigrantes, que reclaman el derecho a una audiencia que examine su reclusión y pueda ponerlos en libertad provisional mientras las autoridades decidan si deben ser deportarlos o no.
Perolos tres de los cuatro miembros más conservadores, el presidente de la corte, John Roberts, y los jueces Samuel Alito y Anthony Kennedy, defendieron la postura del gobierno.
Alito señaló que las actuales políticas de detención son para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos y evitar que las calles de llenen de personas con intención de perpetrar atentados.
Por su parte, el juez Clarence Thomas no expresó su opinión aunque son conocidas sus posturas a favor de una política migratoria dura. En tanto, el juez Stephen Breyer y la jueza Sonia Sotomayor rechazaron por “ambiguos” los argumentos con los que se mantiene encerrados a los inmigrantes, que la ley define como “riesgo de fuga” o “peligro para la comunidad”.
Sotomayor, la primera jueza hispana en el alto tribunal, consideró inconstitucional y contrario al principio de debido proceso mantener a los inmigrantes detenidos sin límite de tiempo.
La Unión para las Libertades Civiles en América, una organización civil que defiende a los inmigrantes, subrayó en un informe publicado la semana pasada que cruzar ilegalmente una frontera es una ofensa civil y no penal, por lo tanto, su detención es administrativa, no punitiva, hasta que se define su deportación.
Sin embargo, en el sur de Estados Unidos, las detenciones se parecen más a una encarcelación punitiva que a una temporal y administrativa, agrega el informe, en el que también se denuncian los abusos a los que son sometidos los detenidos.
La jueza Elena Kagan, quien también defendió a la postura de los inmigrantes, se refirió al caso de Alejandro Rodríguez, un hombre que en 2007 interpuso una demanda para poder conseguir una audiencia en la que se defina su futuro, luego de haber pasado tres años en ese régimen de detención.
El abogado defensor de los inmigrantes, Ahilan Arulanantham, explicó que lo que se necesita es que haya audiencias individuales para examinar la situación de cada uno de los detenidos y aclaró que ACLU no busca que los detenidos sean liberados en masa.
El caso ha despertado mucha atención en Estados Unidos porque se evalúa pocas semanas después de la victoria electoral de Trump, quien durante la campaña se comprometió de deportar a los 11 millones de inmigrantes que se estima viven en Estados Unidos.
Luego moderó su postura y dijo que se proponía echar del país a aquellos que hubiesen cometido algún delito grave, además del de estadía ilegal en Estados Unidos.
Unas 41.000 personas permanecen detenidas en distintos centros por haber cruzado ilegalmente la frontera o por haber cometido algún delito menor, según datos del gobierno.
Sí los ocho jueces fallan a favor de los inmigrantes, centenares de inmigrantes podrían ser liberados y sentaría precedente para el resto de las cortes del país. Si fallan en contra, Trump tendría el camino libre para cumplir con su promesa.
