El Gobierno turco ordenó este sábado el cierre de más de 1.000 escuelas privadas y ha ampliado de 4 a 30 días el periodo en el que una persona pueda permanecer detenida sin cargos. Son medidas adoptadas por el Ejecutivo en su primer decreto firmado desde la entrada en vigor del estado de emergencia declarado tras el golpe de Estado fallido.
Las conversaciones entre los imputados y los abogados —así como todos los mensajes que se envíen, aunque sean cifrados— podrán ser grabados si así lo ordena la fiscalía. Además, las autoridades se reservan la potestad de imponer restricciones a las visitas de los letrados a los arrestados y podrán vetar a determinados abogados para que defiendan a un encausado, de forma que será el Colegio de Abogados el que seleccione al nuevo defensor.
El texto también ordena el cierre de 1.043 escuelas privadas y 15 universidades y sus estudiantes serán transferidos a instituciones públicas. Además, quedan ilegalizadas 1.229 ONG y organizaciones, 19 sindicatos y 35 instituciones médicas.
Según fuentes presidenciales, todos estos organismos “guardan relación” con el clérigo Fetulá Gulen, exiliado en Estados Unidos y acusado por Erdogan de estar detrás del golpe de Estado fallido perpetrado el 15 de julio.
