Las detenciones y purgas no se han hecho esperar tras el fallido golpe de Estado, del que el Gobierno acusa a los seguidores del clérigo Fetulá Gülen.
Es parte de la “limpieza hasta que no quede mancha” en las Fuerzas Armadas que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que emprendería para evitar nuevas sublevaciones y que además se ha extendido al estamento judicial.
Un total de 2.839 oficiales y soldados fueron detenidos a medida que las fuerzas leales al Gobierno acababan con los focos de rebeldía durante este sábado.
Más de 2.700 jueces y fiscales serán suspendidos de sus funciones. Entre los militares capturados por haber participado supuestamente en el golpe se encuentran los comandantes del Segundo y Tercer Ejército de Tierra, todos acusados del delito de “intento de subvertir el orden constitucional” e “intento de derribar por la fuerza la República de Turquía”.
Además, en la mochila de un comandante de la base de la Gendarmería en Bursa se halló una lista con los nombres de las 400 personas que se encargarían de dirigir el estado de excepción en las diferentes provincias, así como de la gestión de las principales empresas y organismos públicos en caso de triunfar la rebelión.
Pero las detenciones no se limitan a los militares. Dos jueces del Tribunal Constitucional, Alparslan Altan y Erdal Tezcan, fueron arrestado porque “según los primeros indicios actuaban junto a la Junta Militar”. También se han emitido órdenes de arresto contra 140 integrantes del Tribunal Supremo, 48 del Consejo de Estado y 5 magistrados más.
Se anunció además que 2.745 jueces y fiscales serán suspendidos de sus funciones por supuesta relación con la red gülenista, decisión que llega después de que miles de magistrados y policías ligados a esta comunidad religiosa fuesen purgados por las mismas razones.
El número de víctimas del intento del golpe de Estado —más de 250 entre civiles, fuerzas leales y sublevados— da cuenta de la violencia con la que se combatió. De hecho, recien en las últimas horas del sábado (hora de Turquía) se puso fin a los últimos focos de resistencia, en el cuartel general del Estado Mayor y en la base aérea de Akincilar, ambos en Ankara.
“Creemos que llevaban tiempo preparándose pero se vieron forzados a adelantar sus planes debido al próximo Consejo Supremo Militar, en el que sabían que iban a ser destituidos”, dijo una fuente gubernamental.
Cuarteles policiales y bases militares resultaron fuertemente dañados por los bombardeos y enfrentamientos armados, y también edificios como el Parlamento, muchas de cuyas estancias y oficinas han quedado en ruina, pese a lo cual los cuatro principales partidos del país se reunieron en él ayer para aprobar una resolución en la que condenaron el ataque “a la voluntad nacional, los diputados y el Parlamento”.
