La comitiva oficial enviada para defender la propuesta en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, que se desarrolló en el Anexo C del Congreso, estuvo encabezada por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y el titular de la AFIP, Alberto Abad.

A ellos se agregaron el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, el secretario de seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.


«es una amnistía de todo tipo de evasor fiscal con todo tipo de propósito sobre todo tipo de activo» Axel Kicillof.


Quintana definió la propuesta que consta de 94 artículos al resaltar que es «una reparación histórica que supone un paso fundamental para la cruzada que nos convoca el presidente Mauricio Macri para juntos reconstruir la confianza».

En este contexto, justificó la decisión de apelar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para pagar los juicios porque «no nos parece sensato ni justo seguir acumulando dinero cuando se le debe a los jubilados».

Asimismo confirmó que pedirán que «se libere a la Administración para la venta de ciertos activos como acciones que ostenta en compañías privadas» y argumentó que «la imposibilidad de vender activos es contraria a defender el valor del fondo».

En lo que tiene que ver con el blanqueo, Quintana prefirió presentarlo como «un sinceramiento fiscal que se da en un contexto internacional que nunca se dio en los últimos años», para marcar diferencia con las regularizaciones que se impulsaron durante la gestión kirchnerista.

«Los evasores del mundo están siendo acorralados por todos los países del mundo, eso nos permite pensar que será una oportunidad que nunca hubo antes», remarcó el funcionario, quien confirmó que quedaron afuera del blanqueo todos los funcionarios del Gobierno nacional y transmitió que «la decisión de excluir a los otros poderes de la república las dejamos en sus manos».

Por su parte, Basavilbaso precisó que el proyecto alcanza a casi 2,5 millones de jubilados con un promedio de edad de 74 años y resaltó que la intención del Ejecutivo es completar el pago y actualización de haberes «en dos años».

Abad, en tanto, reveló que los argentinos tienen denunciados bienes en el exterior por un monto de 30.500 millones de dólares, pero aclaró que «potencialmente hay más de 200 mil millones dólares no declarados» que buscan repatriarse.

Además, el titular de la AFIP sostuvo que «no hay metodología ni formato de cuál va a ser el ingreso» por este blanqueo y remarcó que «es una práctica generalizada no hacer estimaciones porque no tienen ningún tipo de soporte».

Federici garantizó que desde la UIF va a «perseguir con vehemencia a quienes intenten abusar de este programa» y remarcó que el proyecto «no disminuye ninguno de los controles preventivos en la detección» de casos de lavado de dinero.

Cuando fue el turno de los diputados, el peronista disidente Diego Bossio (Bloque Justicialista) advirtió al oficialismo que «no es necesario vender las acciones de la ANSES» en empresas privadas para financiar el proyecto y explicó que «se puede contar con el flujo» para el pago de los compromisos con los jubilados de los «intereses» de las utilidades de esos títulos.

Aunque más punzante fue el ex ministro de Economía Axel Kicillof (Frente para la Victoria) quien consideró que la venta de acciones de la ANSES «es una privatización encubierta» mientras que atacó el blanqueo porque «es una amnistía de todo tipo de evasor fiscal con todo tipo de propósito sobre todo tipo de activo».

El macrista Eduardo Amadeo cruzó al diputado del FPV al señalar que «esta ley genera instrumentos para que no tengamos que poner tecnócratas en los directorios de las empresas (de las que tiene acciones la seguridad social) para obligarlos a invertir».

El massista Marco Lavagna se quejó porque «muchas de la preguntas no fueron contestadas» y confirmó la decisión de bloque de incorporar una mejora de la jubilación mínima al proyecto.

El formoseño Juan Carlos Díaz Roig (FpV), ex presidente de la comisión de Previsión, señaló que «los 50 mil juicios con sentencia firmes tienen que pagarse este año el cien por cien, porque están presupuestados, y no habría por qué llevarlo a tres años como indica el proyecto».

El debate continuará el martes a las 12 con la presencia de representantes de jubilados y la intención es sacar dictamen entre miércoles o jueves para tratarlo en el recinto el 15 de junio.

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