Uno de los abogados que asesora jurídicamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner salió hoy a cruzar la embestida judicial en su contra y de la amenaza del fiscal federal Diego Luciani que acusará a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por «asociación ilicita», por el supuesto direccionamiento de obra pública nacional en Santa Cruz

En diálogo con Radio Con Vos, Dalbón aseguró que «Cristina y Lázaro (Báez) no son amigos no se conocen, ni toman whisky juntos», como se pretende hacer creer en la causa vialidad que tramita en su contra.

«No tienen relación ni hubo un solo llamado de teléfono en toda la vida entre ellos. Fue amigo de Néstor (Kirchner)«, detalló el letrado.

Según reveló, el mismo consultó a la dos veces presdeitna de la Nación y la respuesta fue tajante: «Yo con Lázaro Báez no tuve ninguna relación«

Dalbón aseguró además que es mentira que existan operaciones documentadas entre la vicepresidenta y el empresario de la construcción. «No existe una sola hoja que tenga la firma de Cristina y de Lázaro».

Según explicó el abogado, Cristina dice que «lo que haya hecho Báez con sus empresas, cuándo las hizo y cómo, tendrá que investigarlo la Justicia».

Dalbón explicó en una columna escrita por él que en la causa Vialidad, el Ministerio Público Fiscal debe sostener una acusación sobre un proceso que se hizo sin absolutamente ninguna prueba de cargo contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, algo que surge de la instrucción, del juicio oral y va a surgir en estos días. Sólo pueden generalizar hablando de asociación ilícita del Estado, pero de ninguna manera una Presidenta puede direccionar obra pública: no está dentro de las facultades constitucionales de un Presidente. No puede ser acusada de direccionar obra pública sólo porque era Presidenta.

Ayer el fiscal Diego Luciani estaba tratando de sostener el discurso que tiene que dar, porque ya se comprometió con el establishment, con los medios hegemónicos: estaba sacado, muy nervioso, gritándole a la computadora.

Utilizan al Poder Judicial, al alegato del fiscal, que debe tener 20 o 30 frases para que 20 o 30 días Clarín y La Nación publiquen una frase del fiscal y vayan llevando a la sociedad hacia lo que es electoral; utilizan al periodismo y al partido judicial como lawfare, que es nada más y nada menos que proscribir a una persona para que no pueda participar de las elecciones de 2023.

El supuesto direccionamiento de obra pública fue juzgado y sobreseído en Santa Cruz. Por eso es una situación bastante complicada para los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2, porque se viola el principio non bis in idem: nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Cristina ya fue juzgada en Santa Cruz por este mismo hecho y fue sobreseída, y el sobreseimiento se encuentra firme.

Una acusación flojita de papeles:

  • El fiscal dijo haber analizado las 51 obras que le fueron adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz cuando solo se peritaron 5. CFK había pedido se peritaran todas las obras y la Corte rechazó ese pedido. ¿Con esa decisión, los supremos le allanaron el camino a Luciani para que haga su propia interpretación de las obras?  ¿Por qué el fiscal no insistió para que se realizara el peritaje de todas las obras?

El fiscal afirmó además este lunes en la primera de las nueve jornadas de alegatos que que analizó las 51 obras que le adjudicaron a Báez y son objeto de este juicio aunque solo se peritaron 5. El fiscal Mola, que acompaña a Luciani y también tomó la palabra este lunes, indicó que en la audiencia de este martes (hay 3 audiencias por semana en este juicio) analizará cada una de las obras. La decisión parece una forma de buscar algún elemento inculpatorio en un juicio donde faltan pruebas que comprometan a los acusados y sobre todo a CFK.

Durante su primera exposición, Luciani sostuvo que las licitaciones de las obras que se le adjudicaron a Báez fueron ficticias y que hubo direccionamiento y cartelización. Mencionó por ejemplo a otras empresas nacionales como Esuco, del presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y Petersen, de la familia Eskenazi. El fiscal dijo que simularon presentar ofertas a sabiendas de que no serían seleccionados, es decir, habrían sido parte del delito denunciado. Pero nunca fueron imputados. Es más, Wagner y Eskenazi habían sido pedidos como testigos.

  • Luciani se refirió a las obras de Báez que no se terminaron, algo que fue abordado y explicado por varios testigos: desde quienes armaron el informe que el macrismo utilizó para armar la denuncia al primo de Macri, Ángelo Calcaterra, quien explicó cómo son los tiempos que se manejan en la obra pública.

Luciani hizo énfasis en que buena parte de las obras no se terminaron en el tiempo establecido, algo que según quedó claro en el juicio por las declaraciones de diversos testigos ocurre en todo el país. Una de las razones es por la dinámica que tiene este tipo de obras. A eso se suma que en diciembre de 2015 el macrismo dejó de pagar todas las obras lo que derivó en la paralización de la construcción en gran parte del país.

El fiscal insistió en esas cuestiones que ya fueron abordadas en el debate y rechazadas: “De las 51 obra solo 3 fueron entregadas en tiempo y forma pero ninguna fue obra vial”, afirmó. Dijo que fueron “remediación de cantera” o “trabajos muy simples”. “Solo 27 de esas 51 fueron culminadas. De esas 27, 24 tuvieron demoras severas. En algunos casos las demoras superaron cualquier límite inimaginable. Más de 10 años, obras que debían hacerse en 2 o 3 años”, indicó el fiscal pero no en base a un peritaje, que fue solicitado por la propia CFK, sino según su interpretación. En esa línea, continuó: “Lo peor –agregó Luciani- es que 24 obras adjudicadas al Grupo Baez fueron abandonadas, quedaron inconclusas”. Y añadió: “En 50 de las 51 obras hubo ampliación de presupuesto por redeterminaciones de precios”. También dijo que se hicieron numerosas modificaciones de obra pero sin comparar lo que ocurrió con otras constructoras y otras provincias.

Sin embargo, los testigos ya derribaron esta acusación a lo largo del debate. Los empresarios que declararon a lo largo de este juicio se refirieron a lo común de los atrasos. Por ejemplo, el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, dijo que la redeterminación de precios es normal, habitual, y no sirve para generar sobreprecios. Por el contrario, perjudica al contratista porque el índice que se toma para las redeterminaciones –surge de una fórmula- nunca refleja el precio real. «Es imposible hacer una obra sin redeterminación de precios. Es ir ajustando los precios a la realidad», indicó el empresario. También señaló que es habitual la ampliación de los plazos de obras. «Hay millones de variantes por las cuales se extienden los plazos de las obras. Y es muy normal. No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado», añadió.

A esto se agregan las problemáticas de algunas de las obras en cuestión. Por ejemplo, desde el entorno de Báez explicaron que hubo demoras en algunas trazas porque tras la licitación y la adjudicación de determinadas obras, la empresa de Báez se topó con que en los campos donde debía construir pertenecían a particulares y tuvo que esperar a que se resuelvan los juicios de expropiación. “El fiscal no dijo nada de eso”, indicaron a la prensa desde el entorno del empresario. En casos como estos se evidencia la falta de peritajes.

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